La solicitud se presenta ante la Plaza 5 del Tribunal de Instancia (sección de lo Contencioso-Administrativo) y busca la ejecución provisional de una sentencia del Tribunal Supremo que anuló su cese en 2019. Dicho cese se produjo tras un informe negativo sobre la implementación de los planes de autoprotección en la cabalgata del Carnaval capitalino.
El letrado que representa al comisario principal ha formalizado esta petición después de conocer la dimisión de la anterior jefa de la Policía Local, quien había ocupado el puesto desde la remoción del comisario principal en 2019.
“"La Jefatura de la Policía Local no puede quedar vacante; y, en el caso que nos ocupa, ya existen dos sentencias judiciales que determinan que el cese es contrario a Derecho y debe ser restituido en su puesto, con todos los efectos inherentes, pues no puede designarse a otra persona que no sea el afectado, en virtud de las sentencias dictadas tanto en primera como en segunda instancia en el procedimiento principal."
Esta no es la primera vez que el comisario principal intenta su restitución. Tras la sentencia del Tribunal Supremo en diciembre de 2024, que declaró ilegal su cese, ya había solicitado al juzgado su reincorporación. Sin embargo, un auto de abril de 2025 rechazó esta pretensión, argumentando que su reposición causaría un perjuicio a la entonces jefa de la Policía Local, al privarla de su cargo por un fallo aún no firme.
La actual dimisión de la jefa de la Policía Local cambia el escenario, ya que la restitución del comisario principal no generaría ahora daños a terceros, a la Administración ni al servicio. Este movimiento se produce en un momento de gran incertidumbre en la jefatura de la Policía Local, con la estructura jerárquica afectada por dos procedimientos judiciales: el del cese anulado del comisario principal y otro que afecta al nombramiento de otros tres comisarios.
El escrito presentado por la defensa del comisario principal también advierte que, para asegurar la efectividad de una posible restitución, el órgano judicial podría imponer multas coercitivas a las autoridades responsables e incluso exigir responsabilidad penal si fuera necesario.
