Los residentes del edificio, entregado en 2016 como parte del proyecto ARRU de Tamaraceite, denuncian la aparición de graves daños y patologías en elementos comunes y privados. Según un informe pericial encargado por los vecinos, estos problemas se originan en vicios del suelo, la cimentación, el diseño o la ejecución de la obra, y apuntan a fisuras causadas por deformación de materiales o errores constructivos.
Sin embargo, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha desestimado la solicitud de pago para la reparación. Tras un análisis técnico propio, la corporación local concluye que no existe evidencia de daños estructurales que comprometan la seguridad o estabilidad del edificio. Los técnicos municipales señalan que los desperfectos observados son de escasa entidad, afectan a elementos no estructurales y no muestran evolución activa.
El consistorio recuerda que el plazo legal de responsabilidad para daños estructurales es de diez años desde la finalización de la obra, y que el certificado final de obra data de mayo de 2016, con recepción municipal en mayo de 2026. Estiman que los daños reclamados no entran dentro de esta garantía estructural.
Este desacuerdo se suma a las demoras del proyecto de rehabilitación urbana ARRU de Tamaraceite, iniciado en 2008 para renovar viviendas promovidas por el Patronato Francisco Franco entre 1969 y 1971, dejando a muchos vecinos a la espera de mejoras en sus condiciones de vida.
