El acuerdo de adjudicación del contrato de emergencia para la recogida de residuos sólidos y limpieza viaria en Las Palmas de Gran Canaria ha sido objeto de una demanda judicial. Una empresa, que ha preferido mantener su anonimato, presentó el escrito el pasado 31 de marzo ante la Plaza del Tribunal de Instancia de Las Palmas de Gran Canaria, en la sección de lo Contencioso-Administrativo.
La demanda cuestiona el procedimiento utilizado por el Ayuntamiento para la adjudicación directa del servicio, argumentando que no se cumplían los requisitos necesarios para recurrir a la contratación de emergencia. El Ayuntamiento había justificado esta medida por el aumento de la indisponibilidad de personal (alcanzando el 40% en Recogida y el 50% en Limpieza Viaria), el incremento de residuos y la antigüedad del parque móvil.
Sin embargo, la parte demandante sostiene que la acumulación de suciedad en las calles fue consecuencia de la incapacidad del Ayuntamiento para adjudicar los contratos de limpieza viaria y recogida de residuos sólidos, que estaban en situación de nulidad desde 2019, y para gestionar deficiencias como el absentismo laboral o la obsolescencia de la maquinaria.
“"Al adjudicarse las prestaciones que debe resolver los presupuestos motivadores de la propia emergencia de manera directa a un solo operador económico, sin concurrencia competitiva de ningún tipo ni, por tanto, haber permitido obtener precios económicamente más ventajosos con el concurso del mercado, se puede haber visto lesionada la hacienda municipal con posibles sobrecostes del servicio."
Desde la perspectiva de la empresa denunciante, la elección directa de FCC, con un coste cercano a los dos millones de euros mensuales, vulnera los principios de igualdad de trato, no discriminación y transparencia que deben regir la contratación pública. Se argumenta que esta práctica podría haber causado un perjuicio a la hacienda municipal al no buscar la mejor oferta en el mercado.
La demanda también señala que los problemas de salud pública alegados por el Ayuntamiento son resultado de la propia inacción administrativa. Además, recuerda que la Comisión Europea recomienda el procedimiento negociado por razones de urgencia imperiosa, una opción que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria habría ignorado. La legislación española vincula la tramitación de emergencia a acontecimientos catastróficos o situaciones de grave peligro, no a la desidia administrativa.
