El órgano de gobierno de los jueces ha acordado apoyar la solicitud de la Comisión Provincial de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer de Santa Cruz de Tenerife. Esta decisión responde al incumplimiento de la Ley 4/2015 del Estatuto de la Víctima y del Convenio de Estambul, que obligan a disponer de estos servicios especializados.

A pesar de existir un marco legal desde el Decreto 89/2019, que preveía la dotación de profesionales en psicología, derecho y trabajo social, las oficinas siguen sin estar operativas. La Sala de Gobierno ha subrayado que la falta de infraestructuras en la capital tinerfeña no puede servir como excusa para retrasar su implementación.

El asunto será trasladado a la próxima reunión de la Comisión Mixta con el Gobierno de Canarias. El objetivo es garantizar una atención integral y multidisciplinar que permita evaluar las necesidades de protección de las víctimas desde el primer contacto con la administración.