Esta decisión se tomó en una reunión extraordinaria del Consejo de Administración, donde también se acordó encargar un estudio de valoración patrimonial del inmueble. Además, se ha concedido un plazo de un mes a las administraciones interesadas en su conservación para que realicen una evaluación similar.
“"Existe sorpresa ante el debate mediático generado, especialmente porque varias administraciones que ahora muestran interés en conservarlo, en su momento votaron a favor del expediente para su derribo."
El máximo responsable de los Puertos de Santa Cruz de Tenerife recordó que el Consejo de Administración incluye representantes de los cabildos provinciales, ayuntamientos, el Gobierno de Canarias y otras entidades estatales. Asimismo, señaló que el inmueble lleva 35 años en desuso, carece de protección patrimonial y se ubica en una zona portuaria de uso exclusivamente industrial, rodeado por una empresa química, depósitos de combustible y una machacadora de cemento.
La demolición se planteó por la necesidad de espacio en el Dique del Este, una zona “constreñida” por la reorganización del tráfico portuario para evitar molestias a los vecinos por las descargas nocturnas. La Autoridad Portuaria considera que el actual “momento dulce” para el tráfico de contenedores y la reparación naval requiere más espacio.
El 29 de septiembre de 2025, el Consejo de Administración acordó por unanimidad licitar la demolición. Sin embargo, tras el debate mediático y un escrito del Ministerio de Cultura anunciando su intención de incoar un expediente para declarar el silo Bien de Interés Cultural, se ha optado por la paralización “por un criterio de prudencia jurídica”.
“"No hay ninguna petición oficial ni privada para darle un uso al edificio. Las administraciones que ahora defienden su conservación, y forman parte del órgano portuario, deberían haber sido coherentes y haber avalado en su momento su propuesta."
Se ha advertido que el edificio presenta un gran deterioro interno, según un informe de la Inspección de Riesgos Laborales. Además, se ha cuestionado la competencia del Ministerio de Cultura en esta decisión, dado que el patrimonio histórico es competencia de las comunidades autónomas. El futuro del edificio, si es declarado BIC, estaría sujeto a la ley estatal de Patrimonio Histórico, aunque su uso seguiría siendo industrial, lo que dificultaría su conversión en museo o centro turístico por la proximidad de una fábrica química.
