La aprobación definitiva de esta normativa se produjo en el pleno municipal, después de desestimar las alegaciones presentadas por el grupo socialista. Esta medida es crucial para regular la asistencia social y modernizar los criterios económicos, especialmente para las personas en situación de vulnerabilidad.
“"La normativa regula la asistencia social y actualiza los criterios económicos, contemplando la ayuda de carácter complementario para personas en situación de vulnerabilidad. Se contemplan nuevas realidades y necesidades, garantizando la seguridad jurídica, además de permitir agilizar la capacidad para resolver las Prestaciones Económicas de Atención Social (PEAS) de la capital."
El gobierno local ha impulsado este cambio de modelo para ajustarlo a la realidad demográfica de Santa Cruz, cuya población muestra un envejecimiento progresivo. Sin embargo, la oposición socialista ha expresado su descontento con la nueva ordenanza.
Según la portavoz de la oposición, las ayudas básicas para el suministro de agua y luz no se han revisado desde 2013, y la colaboración municipal para alquileres no se actualiza desde hace una década. La oposición argumenta que la normativa actual excluye a personas con ingresos moderados, como una madre con un hijo que perciba 1.200 euros o un individuo con 900 euros mensuales.
“"Quizás no se trata de incrementar sin límite el dinero que se asigna, sino revisar aquellos municipios que no llegan a unos mínimos."
El alcalde de la ciudad defendió la posición de Santa Cruz, afirmando que la capital se encuentra entre las ciudades con mayor aportación social por habitante. Sugirió que el debate debería centrarse en la revisión de los municipios que no alcanzan unos mínimos de inversión social, comparando el esfuerzo de la capital con el de otras localidades.
