El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife planea pagar 10 millones de euros a Emmasa (Empresa Mixta de Aguas) para resolver las reclamaciones judiciales de la compañía. La empresa alega perjuicios debido a los retrasos en la actualización anual de las tarifas del agua, vinculadas al IPC, durante el periodo comprendido entre 2015 y 2023.
El pleno extraordinario de este viernes, 30 de julio, abordará la modificación presupuestaria necesaria para efectuar el pago. Según el concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife, este acuerdo permitirá al consistorio ahorrar 2,3 millones de euros en comparación con la reclamación inicial de la empresa.
El área de Servicios Públicos ha solicitado a Hacienda la modificación presupuestaria para formalizar el acuerdo. Este implica el abono por parte del Ayuntamiento de los 10 millones reclamados por Emmasa por los retrasos en la actualización de las tarifas de abastecimiento de agua, alcantarillado y depuración durante casi una década.
Tarife explicó que el acuerdo se alcanzó tras más de un año de negociaciones y destacó que reduce la reclamación original de casi 12,3 millones, evitando así "nuevos intereses, costas y procedimientos judiciales". El expediente será enviado al Consejo Consultivo para reforzar la transparencia y las garantías jurídicas.
El acuerdo solo afecta a las reclamaciones no judicializadas. El Ayuntamiento aún deberá atender las resoluciones judiciales pendientes, como una sentencia reciente que obliga a pagar otros cuatro millones de euros a Emmasa por las tarifas de 2021. Quedan también dos procedimientos judiciales por las actualizaciones tardías de tasas de alcantarillado y depuración (2012 y 2016) y tarifas de abastecimiento (2012 y 2017).
El concejal Carlos Tarife subrayó que el cumplimiento anual de las revisiones tarifarias, según lo estipulado en el contrato con Emmasa, cerrará la etapa de litigios y evitará pérdidas económicas futuras. Cada año se aplicará la subida del recibo del agua en función del IPC.
Tarife afirmó que "los contratos están para cumplirlos" y que la modificación presupuestaria busca finalizar la batalla judicial, evitando cuantías mayores y costas. La reclamación original de Emmasa superaba los 27,5 millones de euros, incluyendo déficits en alcantarillado y depuración, pero el consistorio solo consideró viable el pago por el retraso en la actualización de tarifas.
Gracias a la negociación, se ha conseguido reducir el pago de casi 13 millones a 10 millones de euros, lo que supone un ahorro de más de dos millones para las arcas municipales. El expediente se enviará al Consejo Consultivo para garantizar la transparencia del proceso.
