La corporación insular, a través de su vicepresidente segundo, ha expresado su preocupación por la decisión de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de adjudicar la demolición del silo, a pesar de las advertencias previas sobre su importancia patrimonial.
“"Se trata de un edificio con valores arquitectónicos apreciables, por lo que la Autoridad Portuaria tiene que hacer un estudio de valores patrimoniales en cumplimiento de la Ley de Patrimonio Histórico Español."
El Cabildo había instado formalmente a la Autoridad Portuaria a realizar un estudio técnico exhaustivo sobre los valores patrimoniales del inmueble, tal como lo exige la Ley de Patrimonio Histórico Español, una competencia que recae en dicho organismo estatal.
Paralelamente, el Gobierno de Canarias, mediante su Dirección General de Cultura y Patrimonio Cultural, ha solicitado al Ministerio de Cultura la adopción de acciones urgentes para prevenir el derribo de esta singular edificación.
Actualmente, el edificio está inmerso en un proceso de licitación pública para su demolición por parte de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, con un presupuesto que ronda los 1,5 millones de euros.
