La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) ha cerrado oficialmente su oficina en Gran Canaria, una decisión anunciada hace un año y motivada por la reducción de su financiación. Durante el último año, la oficina solo contaba con un trabajador, una disminución significativa respecto a los cuatro empleados que tuvo en años anteriores.
Aunque la oficina física cierra, ACNUR no desaparecerá del archipiélago. A partir de ahora, su presencia se garantizará mediante viajes regulares desde Madrid. Paula Barrachina, portavoz de ACNUR en España, expresó a este periódico que el objetivo es "poder recuperar los fondos necesarios para reabrir la presencia en Canarias", calificando esta meta como una "prioridad", especialmente en el contexto del Pacto Europeo de Migración y Asilo.
El cierre de la oficina de Canarias se suma a los de otras sedes en Ceuta, Melilla, Málaga y Algeciras. Barrachina subrayó el compromiso continuo de la agencia: "Seguiremos tan comprometidos como lo hemos estado siempre y trabajando para apoyar a las personas refugiadas en España y que el impacto sea el menor posible".
A nivel nacional, ACNUR ha reducido su personal a la mitad en España durante el último año, incluyendo la eliminación de puestos en el área de protección en Madrid. Estos ajustes se han implementado en fases para facilitar la transición y asegurar la continuidad de los proyectos. "Hemos tenido que reducir actividades clave como el apoyo en interpretación y asistencia jurídica en todo el territorio", afirmó la portavoz. En Canarias, "seguiremos muy presentes a través de viajes frecuentes y del trabajo con nuestros socios sobre el terreno", aseguró, confirmando que el proyecto de intérpretes continuará operativo.
A nivel global, ACNUR planea eliminar aproximadamente 3.500 puestos de trabajo, lo que representa una reducción global de los costos de personal de alrededor del 30%. A pesar de tener un presupuesto similar al de años anteriores (unos 3.400 millones de dólares, sin cambios significativos desde 2015), el número de personas refugiadas se ha casi duplicado, alcanzando los 117 millones de desplazados forzosos en el mundo.
La financiación de ACNUR ha experimentado caídas significativas, especialmente de Estados Unidos, que ha pasado de aportar 2.100 millones de dólares en 2024 a 840 millones en 2025. Europa, incluyendo países como Francia y Alemania, también ha reducido sus contribuciones. No obstante, ACNUR destaca que España es el país que más dinero aporta en donaciones particulares a nivel mundial.
Desde ACNUR, se califica el impacto de estos recortes como "devastador", afectando a medicamentos esenciales, refugio de emergencia, alimentos, artículos de socorro, agua potable y servicios de protección, incluyendo aquellos dirigidos a la infancia y a supervivientes de violencia sexual y trata, los cuales han sido reducidos o suspendidos.
