Esta iniciativa, considerada un “ancla del cambio de modelo” por la ministra de Vivienda, prioriza la vivienda pública y el alquiler asequible frente a la especulación. El plan introduce diversas medidas destinadas a diferentes colectivos y situaciones, con el objetivo de transformar el panorama habitacional en el país.
“"Este plan es el ancla del cambio de modelo, priorizando la vivienda pública y el alquiler asequible sobre la especulación."
Uno de los pilares fundamentales del Plan Estatal de Vivienda 2026 es el apoyo a los jóvenes de hasta 35 años. Se establece un cheque mensual de hasta 300 euros para el pago del alquiler, gestionado por las comunidades autónomas. Para acceder a esta ayuda, los contratos de arrendamiento deben ser de “precio protegido”, no superando los 900 euros mensuales, y se aplicarán criterios de renta para asegurar que los fondos lleguen a quienes más lo necesitan, especialmente en un mercado tan exigente como el de Canarias.
Para los propietarios, la gran novedad es la subvención de hasta 30.000 euros destinada a la rehabilitación de viviendas que lleven más de dos años desocupadas. La condición para recibir esta ayuda a fondo perdido es que, una vez reformada, la vivienda se destine al alquiler residencial durante un mínimo de cinco años y a un precio asequible. En el caso de inmuebles ubicados en entornos rurales o municipios en riesgo de despoblación, la ayuda puede ascender hasta los 35.000 euros, fomentando la recuperación del patrimonio inmobiliario.
Otro eje central del plan es la transformación del parque público de vivienda. Todas las viviendas construidas con estos fondos tendrán la categoría de protegidas de por vida, eliminando el modelo anterior que permitía su paso al mercado libre y la especulación. El 40% del presupuesto total se destinará a la construcción de estas nuevas promociones, mientras que el 60% restante se repartirá entre la rehabilitación y las ayudas directas a colectivos vulnerables.
Tras su aprobación, el Plan Estatal de Vivienda 2026 iniciará su implementación territorial. Durante el mes de mayo, se celebrarán conferencias sectoriales con las comunidades autónomas para el reparto de los 7.000 millones de euros. Se prevé que los ciudadanos puedan comenzar a tramitar las solicitudes durante el segundo semestre de este año. En Canarias, el Instituto Canario de la Vivienda adaptará las cuantías estatales a la realidad del archipiélago, asegurando que el acceso a una vivienda digna sea una realidad y no un privilegio.
