La presidenta de la Asociación Social Solidaridad Venezuela (ASSV) en Canarias, una activista con una larga trayectoria en la lucha sindical venezolana, ha expresado su preocupación por la decisión del Gobierno de España de eliminar la residencia humanitaria para venezolanos a partir del 30 de junio. Esta medida, según la asociación, afectaría a entre 5.000 y 8.000 personas en el archipiélago, e incluso a un número mayor.
“"Las entidades colaboradoras ya estamos con el proceso de regularización, pero necesitamos recursos ante la avalancha de solicitudes."
La activista, quien llegó a Canarias en 2019 huyendo de su país, fundó la ASSV para asistir a sus compatriotas y a otros migrantes en las islas. La organización ha denunciado lo que considera “racismo institucional” y ha luchado por derechos como la tarjeta de transporte terrestre y el bono de transporte aéreo y marítimo para migrantes, además de la homologación del carné de conducir, suspendida desde 2022.
La asociación critica que la supresión de la residencia humanitaria, que fue una “conquista” tras una decisión de la Audiencia Nacional en 2018 por la crisis venezolana, se solape con el plazo de la regularización extraordinaria de inmigrantes. Argumentan que esta coincidencia podría generar un retroceso en los derechos de los venezolanos que ya tienen trámites avanzados, obligándolos a un proceso temporal que, tras un año, requerirá un contrato de trabajo y otros requisitos para evitar la irregularidad.
“"Que el Gobierno de España suprima la residencia humanitaria a los venezolanos desde el 30 de junio es una medida 'estilo Donald Trump'."
Desde la ASSV, que recientemente ha sido inscrita en el registro de entidades colaboradoras de extranjería, proponen una “transición justa”. Sus peticiones incluyen que las solicitudes de protección internacional de venezolanos presentadas antes del 30 de junio se resuelvan derivando a la residencia por razones humanitarias, que quienes ya tienen el proceso de asilo en marcha también accedan a esta residencia, y que aquellos con residencia humanitaria de un año puedan renovarla por un segundo año para optar a la nacionalidad española. También solicitan ampliar el plazo del 30 de junio para la regularización extraordinaria de inmigrantes en general, anticipando un colapso en las oficinas de extranjería.
