El presidente autonómico ha expresado su preocupación por la aplicación del acuerdo, aprobado en 2024, que permitiría prolongar los controles a las personas migrantes hasta seis meses. Esta medida, recogida en el Reglamento de Triaje, podría saturar los recursos de las islas y transformarlas en un "centro de retención", según ha manifestado en el Parlamento de Canarias.
“"Nos gustaría que hubiera un trabajo previo antes de la conferencia y que no se nos dé un documento como las lentejas, que las tomas o las dejas."
El archipiélago se opone a la política que permite a los países con mayores recursos económicos pagar para no acoger a migrantes, derivándolos a los países fronterizos. En este sentido, se ha insistido en la necesidad de que se respeten los derechos humanos. La situación de las islas, especialmente en lugares como El Hierro, podría agravarse con la llegada de más personas migrantes, incluyendo menores no acompañados, que ya han puesto a prueba la capacidad de acogida.
Tras la conferencia, el presidente del Gobierno canario tiene previsto reunirse con los portavoces de la Cámara regional para establecer una posición unificada del territorio. Esta iniciativa busca abordar las "incógnitas y lagunas" que el pacto presenta para las regiones fronterizas, siguiendo el modelo de consenso alcanzado en otros aspectos migratorios, como la distribución de menores, en el marco del Pacto Canario por la Migración.
Asimismo, se ha criticado la falta de coordinación tanto con el Gobierno de España como con la Unión Europea en la elaboración del pacto, calificándolo de "modelo indecente". También se ha señalado la ausencia de un trabajo previo y la falta de debate sobre propuestas concretas presentadas en conferencias de presidentes, lo que se considera un ejemplo de "mala política" migratoria que genera tensión y olvida la dimensión humana del fenómeno.
En otro orden de cosas, el presidente autonómico ha abordado el proceso de regularización administrativa extraordinaria de personas migrantes, iniciado hace una semana. Ha defendido la necesidad de una mayor planificación y coordinación con las comunidades autónomas y los ayuntamientos para evitar situaciones como las "colas de la vergüenza" en la solicitud de certificados de vulnerabilidad, que dependen de las corporaciones municipales. Aunque el proceso busca ofrecer una "opción de futuro" a las personas, se ha calificado como una "expresión del fracaso de la política migratoria y el control de fronteras".
