Este nuevo plan de seguridad de las playas busca poner fin a la carencia de vigilancia en muchas de estas localidades, especialmente relevante dado que el Archipiélago es la segunda comunidad española con más muertes por ahogamiento. En 2025 se registraron 69 fallecimientos en sus 1.500 kilómetros de costa, y se estima que el 61% de estas muertes podrían haberse evitado al no respetarse las señales de prealerta y las banderas rojas.
La iniciativa responde a una demanda histórica de la Federación Canaria de Municipios (Fecam), que reclamaba un programa regional que aportara financiación y regulación para garantizar este servicio esencial. El plan no solo incluirá partidas presupuestarias específicas, sino que también establecerá un sistema de coordinación interadministrativa, campañas de sensibilización y un censo detallado de las zonas de baño, evaluando factores como el número de visitantes y el nivel de riesgo.
La Consejería de Política Territorial impulsa esta medida tras la anulación por parte del Tribunal Supremo en 2023 del Decreto 116/2018, que regulaba la seguridad en las playas. El alto tribunal consideró que dicho decreto carecía de rango legal y previsión financiera suficiente, además de establecer obligaciones para municipios de menos de 20.000 habitantes que, según la Ley de Bases de Régimen Local, no tienen la obligación de prestar servicios de protección civil por sí mismos.
Marcos Lorenzo, viceconsejero de Emergencias del Ejecutivo regional, ha anunciado que el plan ya está en fase de elaboración y se espera ponerlo en marcha "lo antes posible" a través de un decreto, con un enfoque colaborativo. Posteriormente, se integrará en la Ley de Protección Civil de Canarias. Lorenzo, quien fue alcalde de Tijarafe y miembro de la Fecam, conoce de primera mano las dificultades que enfrentaron los ayuntamientos afectados por el anterior decreto.
Desde el inicio de la legislatura, el Gobierno canario ya ha estado ofreciendo ayudas a los ayuntamientos pequeños que las solicitaban para desplegar medios de salvamento, aunque sin un marco regulatorio claro. Estas subvenciones permitieron que algunas localidades dispusieran de vigilantes en puntos clave de sus costas. En 2025, se repartieron 1,5 millones de euros, de los cuales se beneficiaron 20 de los 45 ayuntamientos destinatarios. Entre los que recibieron mayores partidas se encuentran El Rosario (Tenerife) y Yaiza (Lanzarote).
Municipios como Arico han sido especialmente insistentes en la necesidad de una regulación por parte del Gobierno canario, argumentando que la competencia y la financiación para garantizar este servicio "esencial" recae en la administración regional. El nuevo decreto busca aprobarse antes de mayo de 2027, y aunque los ayuntamientos no sufragarán directamente el servicio, sí deberán cumplir requisitos como la actualización de planes de seguridad y el despliegue de señalética, para lo cual también recibirán ayuda y orientación.
