El archipiélago es la única región del país que no dispone de estos dispositivos, a pesar de que la DGT continúa ampliando una red estatal que ya supera el centenar de equipos. Estas cámaras son capaces de detectar automáticamente infracciones como no llevar el cinturón de seguridad, usar el teléfono móvil al volante o saltarse un STOP.
El estudio de AEA señala a Andalucía como la comunidad con mayor número de cámaras, con 70 dispositivos, seguida por Castilla y León (32) y la Comunidad Valenciana (27). Otras autonomías como Madrid (16), Asturias (8), La Rioja (6), Cantabria (3) e Islas Baleares (2) también cuentan con estos sistemas. El informe confirma explícitamente que Canarias no tiene ninguna cámara de este tipo.
A diferencia de los radares convencionales, estas cámaras de visión artificial incorporan inteligencia artificial para analizar imágenes y identificar conductas sancionables antes de la revisión por agentes, agilizando el control del tráfico.
La ausencia de estas cámaras convierte a Canarias en una excepción. Mientras otras comunidades despliegan estos sistemas en carreteras convencionales y autovías, la red viaria canaria se apoya en otros mecanismos de control. Sin embargo, el archipiélago sí cuenta con una amplia red de radares fijos y móviles para el control de velocidad en islas como Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura, Lanzarote, La Palma y otras.
Un informe reciente de AEA destaca que un radar en la GC-1, en el punto kilométrico 42 de Gran Canaria, se encuentra entre los más activos de España, formulando cerca de 16.000 sanciones el último año.
Las cámaras de visión artificial se centran en localizar conductas de riesgo difíciles de detectar por otros medios, no en el control de velocidad. Entre las infracciones que pueden identificar se encuentran: circular sin el cinturón de seguridad, usar el teléfono móvil mientras se conduce, incumplir la detención ante un STOP (vídeo STOP) y cruzar una línea continua en puntos específicos.
El procesamiento inicial de las imágenes se realiza mediante algoritmos de inteligencia artificial, pero las sanciones requieren la validación posterior de un agente, según explica la asociación.
Los datos reflejan una implantación muy desigual, con Andalucía concentrando casi la mitad de las cámaras. AEA considera que este despliegue evidencia la apuesta de la DGT por la automatización de la vigilancia y la mejora en la detección de comportamientos peligrosos, una estrategia que previsiblemente continuará en los próximos años.
