El nuevo plan forestal de Canarias, que se extenderá durante los próximos 21 años, contempla una inversión total de 1.272 millones de euros destinada a actuaciones de prevención, restauración, repoblación y selvicultura. Sin embargo, el documento se presenta como una guía de recomendaciones no vinculantes, cuya efectividad dependerá del desarrollo de normativas y proyectos técnicos específicos.
El reto principal es superar el bajo índice de cumplimiento de la estrategia anterior (1999-2026), que apenas materializó el 11% de sus medidas. El nuevo marco se enfrenta a desafíos como la escasez de personal medioambiental, la gran extensión de superficie forestal en manos privadas (83%) y la creciente amenaza del calentamiento global, que incrementa el riesgo de incendios y la desertificación.
El texto, de casi 1.000 páginas, especifica que las propuestas son “no vinculantes” y su aplicación “resulta conveniente” para las administraciones públicas, permitiendo el desarrollo de otros planes y normativas. El Gobierno de Canarias asegura que esta condición preserva la prevalencia de instrumentos existentes como los planeamientos de espacios naturales protegidos o de la Red Natura 2000.
En los primeros siete años, se prevé una inversión de 405 millones de euros para una gestión forestal “sostenible activa”, rompiendo con la protección pasiva y apostando por tratamientos preventivos. El objetivo es mejorar la cubierta vegetal (77,68% de la superficie es forestal) y compatibilizar sus funciones ecológica, económica y social.
Las actuaciones con mayor dotación serán las de prevención, lucha y restauración frente a incendios (115 millones), seguidas de repoblaciones y recursos genéticos (78,5 millones), creación de infraestructuras forestales (47 millones) y selvicultura adaptativa (45,2 millones).
El plan reconoce que Canarias incumple la recomendación del PNUMA de destinar dos tercios del presupuesto de incendios a prevención. Históricamente, las islas han dedicado un 76% a extinción y solo un 25% a prevención. En 2024, la inversión fue de 25,8 millones, de los cuales 17 millones se destinaron a extinción y solo 4,6 millones a prevención.
El diagnóstico del plan revela una alarmante falta de personal en el cuerpo de agentes de medio ambiente, especialmente en islas como La Palma. Además, el personal de incendios triplica sus efectivos en verano, pero la compensación de horas deja una plantilla mínima en invierno, insuficiente para tareas de prevención.
La gestión del monte se ve dificultada por el hecho de que el 83% de la superficie forestal está en manos privadas, repartida en miles de pequeñas parcelas a menudo abandonadas. También se señala la falta de un sistema de información estadística forestal coordinado y la escasa coordinación interadministrativa entre los cabildos insulares.
Las principales vías de financiación del plan incluyen fondos propios del Gobierno de Canarias y de los cabildos insulares, el programa FEDER Canarias 2021-2027, los fondos Next Generation, la Estrategia de la UE en favor de los bosques para 2030 y fondos FEADER.
