La normativa, impulsada por la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, permite que los beneficiarios obtengan hasta el 95% del valor de compra de inmuebles cuyo precio no exceda los 250.000 euros. Esta medida está dirigida a jóvenes de entre 18 y 40 años, así como a familias numerosas y monoparentales.
Para acceder a este programa, los solicitantes deben acreditar una residencia legal y continuada en el archipiélago durante los dos años previos. Además, el inmueble adquirido deberá destinarse a residencia habitual y permanente durante un periodo mínimo de dos años, y el patrimonio neto de los compradores no podrá superar los 150.000 euros.
El límite de ingresos para los solicitantes se ha fijado en cinco veces el IPREM, con incrementos específicos para familias monoparentales o por cada menor a cargo. El programa contempla tanto viviendas nuevas como usadas, ya sean libres o protegidas de promoción privada.
Tras la aprobación definitiva, la Consejería procederá a la firma de un convenio marco con las entidades financieras interesadas. Este paso administrativo permitirá que los bancos se adhieran formalmente al programa, facilitando así la operativa para los ciudadanos interesados en esta línea de apoyo.
