Más de 34.000 personas esperan una vivienda social en Canarias, mientras el gobierno autonómico ha entregado apenas 24 casas de promoción pública en los últimos tres años. La nueva regulación, que exige un mínimo de 12 años de residencia continuada en las islas (o 15 discontinua) y 5 años en el municipio de ubicación, además de ingresos no superiores a 21.000 euros anuales, ha generado una fuerte oposición.

El Sindicato de Inquilinas de Fuerteventura considera el reglamento "extremadamente exigente para la gente trabajadora con menos recursos" y lo tacha de medida "electoralista" bajo la "falsa premisa de los canarios primero". Piden una intervención real del mercado inmobiliario para facilitar el acceso a una vivienda digna.

La plataforma Derecho al Techo de Gran Canaria advierte de un "gravísimo riesgo de exclusión silenciosa" al "burocratizar más la vulnerabilidad" y señala que el problema central, la falta de vivienda pública, "sigue intacto". El Sindicato de Inquilinas de Tenerife coincide en que la normativa "queda directamente discriminada" a una parte de la población, ante la "insuficiente cantidad de vivienda pública".

El Observatorio de Derechos Humanos DESCA afirma que el decreto contraviene el derecho a la igualdad de trato y a la no discriminación, incumpliendo tratados internacionales, la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía. Miguel Ruiz, abogado e investigador del observatorio, asegura que la normativa es "propia de gobiernos de extrema derecha" y discrimina por "prioridad de origen y de clase", abocando a muchas personas a una situación de "sinhogarismo".

A pesar de la emergencia habitacional, Canarias se posiciona en el "Olimpo inmobiliario del lujo", concentrando el 12% del mercado nacional. El Observatorio DESCA critica que el Gobierno canario "disfraza el problema" y "compra el discurso a PP y Vox", favoreciendo a los "ricos" y legislando "contra la gente migrante pobre" mientras la especulación sigue beneficiando a otros.

Javier Marrero, de Derecho al Techo, propone un "cambio de paradigma" con la ampliación masiva del parque público, la aplicación de la ley de vivienda, la declaración de zonas tensionadas, la limitación de la vivienda vacacional y la movilización de viviendas vacías de grandes tenedores. Miguel Ruiz añade la viabilidad jurídica de limitar las compras a no residentes y la necesidad de "blindar el parque público" y "movilizar el suelo".

Colectivos coinciden en la necesidad de topar los alquileres, citando el éxito de la medida en Cataluña, y proponen "poner impuestos a las viviendas vacías", especialmente a los grandes tenedores, para adquirir más viviendas. La conclusión general es legislar con "políticas públicas valientes contra la especulación", recordando el mandato constitucional de regular el suelo "de acuerdo con el interés general".