El reciente Plan Estatal de Vivienda, aprobado por el Consejo de Ministros, ha generado críticas en Canarias. La administración autonómica considera que la normativa está desfasada, lo que resulta en una dotación de 370 millones de euros para el archipiélago, en lugar de los aproximadamente 500 millones que, según sus cálculos, le corresponderían con un reparto equitativo.
“"Conocimos el plan el mismo día que el resto del país."
Un consejero del Gobierno de Canarias manifestó su desacuerdo con la aprobación del plan sin considerar las reclamaciones de las comunidades autónomas, especialmente las de Canarias. A pesar de haberse celebrado comisiones sectoriales donde se presentó un borrador, el Ministerio no respondió a las numerosas enmiendas presentadas por la comunidad canaria.
El punto central de estas enmiendas era la actualización de los datos que determinan el reparto de fondos entre las regiones. Según la administración canaria, estos datos no se han actualizado desde 1991, cuando se consideraban factores socioeconómicos como los niveles de pobreza, la renta per cápita y los valores de población. Se argumenta que estos datos están "absolutamente desactualizados", especialmente considerando que Canarias experimenta un crecimiento poblacional de unas 20.000 personas anualmente.
Aunque se valora el "importante" incremento de fondos respecto al plan anterior, se insiste en que un reparto justo permitiría a Canarias recibir una partida cercana a los 500 millones de euros, en lugar de los 370 millones previstos para el periodo 2026-2030. Además, del total asignado, el 60% es aportado por el Gobierno Estatal y el 40% restante debe ser sufragado por Canarias. La administración canaria subraya que, aunque nunca se han opuesto a esta participación económica, les gustaría tener una intervención más activa en la gestión de una competencia que ejecutan a nivel regional.
El Plan Estatal también incorpora políticas que Canarias ya ha implementado o propuesto, como el aumento de la oferta de vivienda protegida mediante la colaboración público-privada y ayudas a promotores. Este mecanismo ya está en marcha en las islas y se considera fundamental para incrementar la producción de viviendas protegidas de promoción privada, más allá de la construcción de viviendas públicas.
Asimismo, se incluyen políticas de incentivos y ayudas a la demanda, como el Bono Joven y las ayudas al alquiler, cuyos fondos se incrementan. Otro aspecto positivo es que la vivienda construida con fondos públicos mantenga su carácter público de forma permanente, una medida que ya se aplica en Canarias y que recibe respaldo. La intención es seguir aumentando los presupuestos para responder a la emergencia habitacional con más recursos públicos, coordinando el Plan Canario de Vivienda con el Plan Estatal.
