El sindicato argumenta que la Consejería de Educación ha comprometido cerca de 80 millones de euros hasta 2029 para mantener externalizado el servicio de auxiliares educativos. Según CSIF, esta medida representa la consolidación de un modelo de privatización de servicios clave para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE).
CSIF sostiene que la contratación de estas funciones a través de empresas privadas, en lugar de ser prestadas directamente por la Administración pública, resulta deficiente. Los auxiliares educativos son considerados una pieza fundamental para garantizar la autonomía, seguridad y participación del alumnado con discapacidad y otras necesidades especiales, pero su labor se ve mermada por esta contratación indirecta.
“"La inclusión no puede ser un negocio. Los derechos del alumnado NEAE no pueden depender de contratos privados."
El modelo de externalización, según el sindicato, ha estado marcado por problemas recurrentes como la insuficiente formación específica, la precariedad laboral, la alta rotación de personal y dificultades para cubrir bajas y sustituciones. Esto, afirman, repercute directamente en la calidad de la atención recibida por los estudiantes.
La organización sindical acusa a la Consejería de priorizar a empresas privadas en detrimento de la creación de empleo público estable y profesionalizado. Además, CSIF aduce que la externalización de servicios implica que una parte importante de los recursos públicos se destina a financiar estructuras empresariales y beneficios privados, en lugar de mejorar directamente la atención educativa.
