La diputada del PSOE, Patricia Hernández, instó al Gobierno de Canarias a clarificar el debate sobre la restricción de compra de vivienda a no residentes, buscando evitar la confusión de conceptos y la posible asimilación con posturas de formaciones de ultraderecha. La parlamentaria recordó que, mientras Coalición Canaria ha criticado la prioridad nacional propuesta por algunos partidos, el propio Gobierno de Canarias aprobó en febrero un decreto que prioriza a los residentes y exige doce años de residencia para acceder a una vivienda pública.

Durante la comparecencia del consejero de Obras Públicas y Vivienda, Pablo Rodríguez, en el Parlamento de Canarias, Hernández alertó sobre el riesgo de mezclar ambos conceptos, lo que podría conducir a conclusiones erróneas y fomentar discursos excluyentes. Rechazó atribuir la crisis habitacional exclusivamente a compradores extranjeros, argumentando que cualquier trabajador, independientemente de su nacionalidad, debería tener derecho a adquirir una vivienda si cumple los requisitos.

En su intervención, Pablo Rodríguez aludió al desequilibrio entre oferta y demanda y a las dificultades generalizadas de acceso a la vivienda. Destacó que aproximadamente un tercio de las compraventas de vivienda en Canarias en los últimos años ha sido realizada por ciudadanos no residentes. El consejero aclaró que la propuesta del Ejecutivo no busca discriminar por nacionalidad, sino limitar la compra cuando no esté destinada a residencia habitual, es decir, cuando tenga un uso especulativo o esté vinculada al alquiler vacacional o a segundas residencias.

Rodríguez subrayó que el Gobierno canario ha actualizado un informe jurídico de 2003, ahora revisado por un despacho de abogados, que concluye la existencia de «vías jurídicas viables» para establecer limitaciones, siempre que estén justificadas por razones de interés general, sean proporcionales y no discriminatorias. En este sentido, Canarias se ampara en el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que permite excepciones para regiones ultraperiféricas.

Por su parte, una diputada de una formación ultraconservadora afirmó que su grupo comparte la necesidad de actuar frente a la adquisición masiva de vivienda por capital extranjero y propuso una fiscalidad diferenciada para compradores no comunitarios. Sin embargo, también cuestionó que la compra de viviendas por extranjeros y no residentes tensionara el mercado inmobiliario, atribuyendo los problemas a la escasez de suelo, la lentitud de las licencias urbanísticas y la inseguridad jurídica. El consejero de Vivienda desmintió rotundamente la acusación de que el Gobierno provea de vivienda a personas que llegan a Canarias de forma irregular.

Una diputada de otra formación política criticó la falta de medidas concretas del Ejecutivo y acusó al Gobierno de «renunciar al autogobierno», especialmente en cuestiones fiscales. En su opinión, el Gobierno autonómico tiene capacidad para elevar el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales hasta el 20% para grandes tenedores o reforzar el uso del IBI desde los ayuntamientos para desincentivar prácticas especulativas.

El diputado de Coalición Canaria (CC), David Toledo, quien propuso la comparecencia, centró el debate en el impacto del crecimiento demográfico y turístico sobre el mercado residencial y la capacidad de los canarios para seguir viviendo en su territorio. Defendió la posibilidad de explorar la limitación de compra por parte de no residentes, al considerar que compiten con mayor poder adquisitivo por un recurso escaso.