El sistema de atención a la dependencia en Canarias vive una realidad de dos velocidades. Mientras la gestión autonómica ha logrado reducir los tiempos de espera de 782 a 335 días, la financiación estatal sigue muy por debajo del 50% establecido por ley. La consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, reclama en Madrid un compromiso "estable y real" ante una factura social que supera los 18,2 millones de euros al mes solo en nóminas.
Las cifras presentadas por la consejera en el último Consejo Territorial de Servicios Sociales evidencian un desequilibrio estructural. En tres años, la nómina mensual para atender a las personas dependientes en las islas ha aumentado de 7.916.285,33 euros en julio de 2023 a 18.278.259,21 euros en junio de 2026, un incremento de más del 130%. Este avance en la atención a más personas ha sido asumido casi en su totalidad por las arcas canarias, ya que la aportación estatal se limita al 22% del coste total, lejos del 50% que marca la Ley de Dependencia.
El Gobierno canario defiende su eficiencia administrativa. El número de personas pendientes de la resolución de su Programa Individual de Atención (PIA) ha disminuido un 91,9%, y el tiempo medio de resolución ha bajado de 782 a 335 días. Sin embargo, este éxito se ve ensombrecido por el preocupante reverso financiero. En 2025, Canarias certificó un gasto de 403,9 millones de euros, de los cuales la aportación estatal fue de solo 101,8 millones. La Consejería argumenta que el Estado no computa los costes adicionales derivados de ser una Región Ultraperiférica, como el transporte entre islas, ni la aportación de los Cabildos insulares.
El Ministerio ha anunciado un incremento de 21,2 millones de euros para 2026 a través del 'Nivel Acordado' y otros 22,43 millones por el tramo del IRPF, pero la noticia se recibe con cautela. Existe el temor a que esta subida no sea una financiación estructural garantizada, sino temporal. La consejera Delgado advierte del peligro de crear falsas expectativas ciudadanas, recordando que cualquier aumento de prestaciones, como el 18% anunciado para el Grado 3, requiere validación en el Congreso.
El malestar por la infrafinanciación es compartido en el Consejo Territorial, donde otras comunidades como Andalucía denuncian deudas estatales millonarias. El objetivo de Canarias es que la mejora en la gestión vaya acompañada de una financiación justa, exigiendo al Estado que asuma la mitad del coste real de atender a los dependientes en las Islas.
