Los juzgados canarios registraron una drástica caída en los desahucios derivados de impagos de alquiler entre enero y marzo de 2026, con solo 61 procedimientos. Esta cifra representa un descenso del 83,6% en comparación con los 372 casos contabilizados en el mismo periodo de 2025, según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Este descenso en los lanzamientos por arrendamiento se produce en un contexto de reducción generalizada de los procedimientos de pérdida de vivienda. Los lanzamientos por ejecución hipotecaria también disminuyeron significativamente, un 55,3%, pasando de 76 a 34 casos. Estas cifras se atribuyen en gran medida a la aplicación de protocolos de protección social y de vulnerabilidad.
A nivel nacional, la tendencia de reducción de desahucios por impago de alquiler también fue notable, con una bajada del 53,9% hasta los 2.600 procedimientos. Los lanzamientos hipotecarios siguieron una evolución favorable en Canarias, con una disminución superior al 55%.
En contraste con la mejora en los desahucios, Canarias mantiene una elevada conflictividad laboral, liderando el ranking nacional en demandas por despido en relación con su población. Durante el primer trimestre de 2026, se presentaron 2.634 procedimientos, un 5,3% menos que el año anterior, pero la tasa se situó en 117,1 demandas por cada 100.000 habitantes, superando ampliamente la media nacional.
Las reclamaciones de cantidad ante los tribunales laborales también experimentaron un descenso del 4,8%. Por otro lado, los concursos de acreedores en Canarias se redujeron un 3,3%, con 988 procedimientos, aunque la tasa sigue siendo una de las más altas del país. Los concursos de personas físicas bajo la Ley de Segunda Oportunidad bajaron un 1,8%.
Los Procedimientos Especiales para Microempresas (PEM) mostraron un incremento del 10%, impulsados por los iniciados por personas físicas. Sin embargo, los procedimientos verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas aumentaron un 35,9%, alcanzando los 53 casos.
Estos datos judiciales reflejan una realidad compleja en Canarias, con una notable disminución de los desahucios y una moderación en los concursos de acreedores, pero persistiendo una alta conflictividad laboral que sitúa al archipiélago a la cabeza en demandas por despido.
