La jueza del Tribunal de Instancia (Sección Civil) número 2 de Las Palmas de Gran Canaria ha rechazado la petición de medidas cautelares presentada por el partido integrado en Primero Canarias y ediles afectados. La solicitud pretendía anular los acuerdos del Consejo Político Nacional de Nueva Canarias–Frente Amplio Canarista (NC-FAC) del 14 de marzo, que expulsaron a concejales que se unieron a la nueva formación política.
Según el auto judicial, emitido el 9 de abril, la petición carecía de los requisitos esenciales exigidos por la Ley de Enjuiciamiento Civil para este tipo de acciones urgentes. El tribunal consideró que los solicitantes no justificaron la necesidad de una situación de urgencia que impidiera presentar la demanda principal de forma simultánea, tal como lo establece la normativa.
“"La petición carece de los requisitos esenciales exigidos por la Ley de Enjuiciamiento Civil para este tipo de medidas urgentes."
Además, la resolución señala que los argumentos sobre posibles perjuicios, como la pérdida de derechos económicos o representativos tras ser declarados tránsfugas, se formularon de manera genérica y sin la concreción suficiente. Esto impidió acreditar un daño irreparable que justificara una intervención judicial inmediata.
El auto también cuestionó el alcance de la solicitud, que buscaba suspender todos los acuerdos adoptados por el Consejo Político Nacional de NC-FAC en su sesión del 14 de marzo, incluyendo asuntos que no afectaban directamente a los demandantes. A esto se sumó la ausencia de caución, una garantía obligatoria para responder por posibles perjuicios, lo que reforzó la inviabilidad procesal de la petición.
Con esta decisión, el juzgado no analizó el fondo del conflicto, manteniendo plenamente vigentes los acuerdos internos de la coalición, incluyendo la expulsión de cargos electos y su declaración como concejales no adscritos. Esta resolución se suma a un auto anterior del 6 de marzo, que ya había rechazado medidas similares contra acuerdos previos de la coalición.
En la práctica, esta decisión afecta a 21 cargos electos en Gran Canaria, incluyendo al alcalde de Santa Lucía y a cinco concejales de su grupo de gobierno. El Ayuntamiento de Santa Lucía, el único en el que se ha solicitado la declaración de no adscritos, deberá afrontar las consecuencias jurídicas de esta condición, que limita derechos políticos y económicos y podría alterar el equilibrio institucional en un gobierno ya en minoría.
