El Consejo Escolar exige invertir el 5% del PIB para afrontar los retos educativos en Canarias

El informe critica la infrafinanciación crónica del sistema educativo canario y pide un aumento presupuestario para garantizar la calidad y la continuidad de los programas.

Imagen simbólica de inversión en educación en Canarias, con una mano colocando una moneda en un libro abierto y un paisaje canario al fondo.
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Imagen simbólica de inversión en educación en Canarias, con una mano colocando una moneda en un libro abierto y un paisaje canario al fondo.

El Consejo Escolar de Canarias ha publicado un informe crítico sobre el curso 2026-27, señalando que la inversión del 5% del PIB es la "única vía" para afrontar los retos educativos en las islas y lamentando el incumplimiento de la Ley Canaria de Educación.

El Consejo Escolar de Canarias (CEC) ha presentado su informe anual sobre las actividades programadas por la Consejería de Educación para el curso 2026-27, un documento de 128 páginas que analiza las luces y sombras del sistema educativo en las islas. Si bien valora positivamente iniciativas como el inicio de la gratuidad de los libros de texto, considera que la infrafinanciación es un problema persistente.
La principal reivindicación del CEC, reiterada año tras año, es el incumplimiento de la Ley Canaria de Educación, que estipula destinar el 5% del PIB a educación. El consejo subraya que esta inversión es la "única vía" para hacer frente a los desafíos del sistema y desarrollar la programación prevista por la Consejería. Incluso proponen elevar este porcentaje al 5,5% para compensar la inversión histórica no alcanzada, ya que el objetivo de la ley de 2014 de alcanzar este umbral en 2022 no se ha cumplido.
En cuanto a la escolarización temprana (0-3 años), el consejo aplaude el objetivo estratégico de aumentar el acceso y la creación de ayudas económicas. Sin embargo, insiste en la necesidad de pasar de "voluntades" a un sistema público, estable y equilibrado, agilizando la oferta pública hasta 2027, especialmente en zonas rurales. Piden un marco normativo estable que garantice financiación pública sostenida y el pleno reconocimiento de esta etapa, considerando la financiación pública para centros privados como "excepcional" y no una ampliación de conciertos.
El informe también exige aumentar las ayudas a familias vulnerables sin plaza pública y garantizar la continuidad de las escuelas infantiles municipales, abogando por su integración gradual en la Consejería de Educación. Se recalca la importancia de la enseñanza temprana para la conciliación familiar y la estabilidad laboral, sobre todo de las madres.
Respecto a la Formación Profesional (FP), el CEC resalta el impulso previsto para el próximo curso con iniciativas de innovación y proyectos en Igualdad y Educación Afectivo Sexual. No obstante, critica la falta de continuidad de algunas acciones, que dejan objetivos estratégicos sin contenido, y señala que el 40% de los proyectos tienen fecha de fin antes de iniciar el curso. Se solicita también reducir la burocracia y establecer informes de seguimiento semestrales.
Finalmente, el consejo propone mejoras para la atención del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE). Sugieren que cada estudiante NEAE cuente como dos en el cálculo de ratios, bajar estas ratios en aulas con alta concentración de alumnos NEAE, y reforzar el personal especializado (PT, AL, auxiliares educativos). Plantean integrar otros perfiles profesionales como educadores y trabajadores sociales, e impulsar un modelo de Enfermería Escolar. Piden también reducción horaria para tutores y especialistas, y actividades extraescolares adaptadas.