La propuesta, defendida por la diputada por la isla de La Palma, Raquel Díaz, recibió el respaldo mayoritario de la cámara, con la abstención de PSOE y Vox. Díaz agradeció el apoyo unánime de las principales patronales, destacando que esta medida trasciende lo administrativo y es vital para el futuro energético de las Islas Canarias.

La diputada alertó sobre la rigidez actual en los plazos de los fondos Next Generation, que, según su criterio, vulnera el principio de igualdad entre administraciones y pone en riesgo inversiones clave para el desarrollo económico de sectores como el turístico, primario e industrial. Insistió en la necesidad de encontrar alternativas para los aproximadamente 300 millones de euros vinculados a la estrategia energética, con el fin de evitar que Canarias pierda oportunidades debido a una aplicación desigual de los plazos en comparación con otros territorios.

Díaz criticó que el Gobierno de Sánchez haya flexibilizado los plazos para proyectos gestionados por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), extendiéndolos hasta 2028 y 2030, mientras que a Canarias se le restringe el tiempo de ejecución. Subrayó que empresas, administraciones y comunidades energéticas han denunciado un trato jurídico diferenciado sin justificación objetiva, ignorando las particularidades estructurales de las islas, como la lejanía con la Península, los sistemas eléctricos aislados y los retrasos en los suministros.

La representante popular defendió la gestión del Ejecutivo autonómico, afirmando que los fondos ya están adjudicados y las ayudas resueltas y concedidas a proyectos liderados por empresas canarias. Concluyó que la propuesta no busca privilegios, sino “igualdad de condiciones y seguridad jurídica para que el dinero llegue al bolsillo de los canarios”, advirtiendo que renunciar a estos fondos por falta de flexibilidad sería una “traición a los intereses de las Islas”.