La formación política argumenta que las ayudas de Solidaridad Internacional deberían enfocarse en proyectos específicos de cooperación al desarrollo, en lugar de financiar la estructura administrativa de otro territorio. Esta crítica surge tras el anuncio realizado en la Comisión de Pleno por un consejero de Cooperación Institucional y Solidaridad Internacional, quien confirmó la intención del Cabildo de conceder esta ayuda.
Según el Grupo Popular, el gobierno insular, compuesto por NC y PSOE, busca consolidar en su presupuesto anual una subvención similar a la de 1,5 millones de euros que el Ministerio de Asuntos Exteriores del Gobierno de España concedió excepcionalmente en 2022 debido a la pandemia de la Covid-19. Esta ayuda se destinaría a un proyecto denominado 'Sostenibilidad de los servicios públicos en los campamentos saharauis: apoyo técnico, educativo, sanitario y otros servicios públicos esenciales'.
“"El Cabildo, como gobierno insular, tiene entre sus objetivos el desarrollo equilibrado de la isla, garantizando que todos los ciudadanos pueda contar con servicios e infraestructuras públicas de calidad, pero en ningún caso figura entre sus competencias el abono de complementos salariales a funcionarios de otros territorios mientras los grancanarios pierden cada día más poder adquisitivo."
El PP aclara que no cuestiona las ayudas al pueblo saharaui, que representan casi un tercio del presupuesto total para Solidaridad Internacional. Sin embargo, insiste en que estos fondos deberían destinarse a proyectos concretos de desarrollo y no al sostenimiento financiero de la administración de otro lugar. Gran parte de esta subvención se destina al pago de pluses a funcionarios, que pueden alcanzar hasta 895,85 euros trimestrales para un secretario general provincial, según la justificación de la subvención de 2022.
Además, el Grupo Popular critica que el gobierno insular dedique más recursos al área de Solidaridad Internacional, con un presupuesto de 8,9 millones de euros el año pasado, que a consejerías como Educación o Juventud, que apenas reciben 6 millones. El Consorcio de Viviendas, encargado de abordar uno de los problemas principales de los ciudadanos de Gran Canaria, cuenta con un presupuesto de 9,2 millones, solo 300.000 euros más de lo que el Cabildo gastó en 2025 en proyectos de cooperación fuera de la isla.
Ante esta situación, el Grupo Popular insta al gobierno insular a dar la misma prioridad política y presupuestaria a la lucha contra el desempleo, la pobreza y otros problemas sociales que afectan a Gran Canaria, donde el 41% de los niños vive en condiciones de vulnerabilidad y exclusión social.
