Los hogares de Canarias que tengan contratada a una persona para realizar tareas domésticas, como limpieza o cocina, deben cumplir con nuevas obligaciones legales. La normativa exige realizar una evaluación de los riesgos laborales a los que están expuestos estos trabajadores durante su jornada y aplicar las medidas preventivas necesarias para garantizar su seguridad y salud.
Esta obligación se deriva del Real Decreto 893/2024, que reconoce el derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud laboral para los trabajadores del hogar. La responsabilidad recae en la persona empleadora, quien debe garantizar estas condiciones. La evaluación inicial debe considerar tanto las características de las tareas como las de la persona contratada.
El incumplimiento de esta normativa puede acarrear importantes consecuencias económicas. La Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social califica la falta de evaluación de riesgos obligatoria como una infracción grave. Las multas para estas infracciones en prevención de riesgos laborales oscilan entre 2.451 y 49.180 euros, dependiendo del grado y las circunstancias específicas del incumplimiento. El máximo de 49.180 euros no se aplica automáticamente.
Los hogares deben estudiar las condiciones de trabajo en la vivienda, detectar posibles riesgos y adoptar las medidas necesarias para eliminarlos o reducirlos. Estas medidas deben documentarse por escrito, entregarse una copia al trabajador y actualizarse cuando cambien las condiciones laborales o se produzcan daños.
Para facilitar este proceso, el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) ha puesto a disposición la herramienta gratuita Prevencion10.es. Esta plataforma permite realizar la evaluación de riesgos sin conocimientos técnicos previos y genera la documentación necesaria, incluyendo medidas preventivas y seguimiento.
El Ministerio de Trabajo estableció un periodo de seis meses desde la puesta a disposición de la herramienta, el 14 de mayo de 2025, para completar la evaluación e implementar las medidas. Por lo tanto, estas obligaciones ya son plenamente vigentes.
Además, si los riesgos no pueden evitarse por otras vías, el empleador debe proporcionar gratuitamente los equipos de protección individual (EPI) necesarios, como guantes, y asegurarse de su uso correcto. Los trabajadores también deben recibir información sobre los riesgos y las medidas de prevención.
En casos de riesgo grave e inminente para la vida o la salud, la normativa contempla una protección específica: el empleador debe informar del peligro, adoptar medidas urgentes y permitir que el trabajador interrumpa su actividad o abandone el domicilio si es preciso, sin reanudar el trabajo hasta que el riesgo persista.
La prevención de riesgos se convierte así en una responsabilidad más para quienes contratan personal doméstico en Canarias, con sanciones que pueden ser significativas en caso de no cumplir con la evaluación y las medidas preventivas requeridas.
