La discusión política en Canarias se centra en obtener el permiso de la Unión Europea para limitar la adquisición de propiedades por parte de no residentes. Este debate, con profundas implicaciones políticas y jurídicas, plantea la necesidad de definir con precisión a quién se dirigen estas restricciones y qué se pretende limitar.
Durante la última sesión parlamentaria del 27 de abril, dos diputadas de diferentes formaciones políticas, una del PSOE y otra del PP, destacaron la importancia de enfocar correctamente el debate. Ambas coincidieron en la necesidad de “centrar el tiro” en esta compleja cuestión, que se enfrenta a la intrincada maquinaria legal europea.
“"¿A qué no residentes nos referimos? ¿A los que vienen de Venezuela y no habían residido antes aquí en Canarias? ¿A nuestros hijos que se han marchado, han vivido en varios lugares del país o del mundo y quieren volver para comprar una vivienda?"
La necesidad de clarificar los conceptos es fundamental para evitar interpretaciones erróneas o apoyos que desvirtúen el objetivo inicial. Se enfatizó que el propósito no es perseguir al extranjero por su origen, sino limitar las compras de viviendas que no tienen como fin la residencia habitual, sino la especulación.
El Artículo 63 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) prohíbe las restricciones a los movimientos de capitales, incluyendo la adquisición de inmuebles por no residentes de la UE. Bruselas ha indicado que cualquier limitación solo sería viable si se justifica por “razones imperiosas de interés general” y supera un filtro de proporcionalidad.
Un consejero del Gobierno de Canarias ha defendido que la propuesta de la región “nunca será discriminatoria”. El objetivo es limitar la compra de vivienda por no residentes cuando el fin no sea el uso habitual, sino la especulación, como el alquiler vacacional o la explotación turística. Esta medida busca proteger a quienes residen en las islas, independientemente de su lugar de nacimiento.
“"Es una protección para los que vivimos aquí, hayamos nacido donde hayamos nacido."
El enfoque actual combina tres estrategias: establecer límites a las segundas residencias, controlar el alquiler vacacional e implementar medidas fiscales. La meta es diferenciar entre vivir e invertir, entre residencia y rentabilidad, y entre el arraigo y la extracción de valor en un territorio con recursos limitados.
La dificultad reside en demostrar que la medida es necesaria, proporcionada y no discriminatoria. Será crucial probar que la compra de viviendas por no residentes para usos no habitacionales contribuye significativamente a la expulsión residencial y que no existen alternativas menos restrictivas para lograr el mismo fin. El reto es construir una medida precisa, defendible ante Bruselas y justa para los habitantes de las islas.
