Un total de 97.137 canarios se encuentran en una situación de incertidumbre después de que varias formaciones políticas expresaran su rechazo a la extensión obligatoria de los contratos de arrendamiento. Esta medida, que permitía una prórroga de hasta dos años para los alquileres firmados desde el inicio de la pandemia, buscaba limitar las revisiones de renta a un máximo del 2%.
A nivel nacional, aproximadamente 1,6 millones de inquilinos podrían verse afectados por esta decisión, enfrentándose a la posibilidad de que sus arrendadores actualicen las rentas a precios de mercado, superando con creces el límite establecido por el decreto.
Los datos, proporcionados por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 a partir del Panel de Hogares, estiman que alrededor de 40.000 contratos de alquiler en las Islas Canarias están directamente impactados por esta situación. Sin embargo, aquellos inquilinos que comunicaron formalmente a sus arrendadores su intención de acogerse a la prórroga antes del rechazo en el Congreso podrían haber consolidado su derecho.
“"Miles de inquilinos corrieron a mandar un burofax a su casero exigiendo esos dos años extra en cuanto salió la noticia en el telediario. Si hicieron esa comunicación mientras la norma estuvo viva, el derecho es suyo."
La situación podría derivar en una alta judicialización de los casos, donde la clave será la correcta comunicación al arrendador y el estado actual del contrato. La Ley de Arrendamientos Urbanos, aprobada a finales del año pasado, establece un periodo inicial de cinco años para personas físicas y siete para jurídicas, con una prórroga de tres años si no hay comunicación de las partes.
La prórroga obligatoria de dos años estaba diseñada para todos los alquileres cuya finalización estuviera comprendida entre el 21 de marzo pasado y el último día del año 2027.
