El vicepresidente del Gobierno de Canarias y consejero de Economía, Manuel Domínguez, anunció el inicio de esta campaña, que busca esclarecer el comportamiento del mercado de combustibles en las islas. Los informes previos encargados por la Dirección General de Comercio y Consumo del Gobierno de Canarias ya habían señalado anomalías.
El análisis revela una asimetría estructural en la repercusión de los precios internacionales. Mientras que las subidas del crudo se trasladan rápidamente a los surtidores (entre 48 y 72 horas), las bajadas tardan considerablemente más en reflejarse en el consumidor (entre 10 y 13 días), aplicando solo una parte de la reducción. Este fenómeno, conocido como 'efecto cohete y efecto pluma', perjudica directamente a las familias, autónomos y a la economía canaria.
Domínguez afirmó que la actuación del Ejecutivo responde a una "preocupación clara por el impacto de esta situación sobre la ciudadanía". "Nos sorprendió que los combustibles subieran de forma casi inmediata en el Archipiélago y, por eso, hemos querido analizar con rigor qué ha ocurrido y si estamos ante un comportamiento normal del mercado o ante una situación anómala", aseguró.
El informe también destaca una elevada concentración del mercado, donde cuatro enseñas controlan el 76,7% de las estaciones de servicio, con una presencia reducida de operadores independientes. Ante esta situación, el vicepresidente considera necesario actuar "con transparencia y con instrumentos de inspección que permitan conocer con detalle la estructura de formación de precios de los operadores incluidos en la muestra".
La campaña se centrará en requerir formalmente documentación a los operadores seleccionados para obtener información precisa sobre su política de precios y determinar si las diferencias observadas responden a inercia de mercado o a factores que requieran nuevas actuaciones. Los resultados serán remitidos al Servicio de Defensa de la Competencia.
Domínguez añadió que, "si de este estudio se desprende que ha habido una conducta irregular o un abuso, el Gobierno actuará en consecuencia, porque no vamos a dejar pasar una situación que perjudica a los consumidores canarios". Insistió en que la medida responde a la prioridad de "defender el interés general en un ámbito que afecta de forma directa al coste de la vida, a la movilidad y a la competitividad de las empresas canarias".
