La inversión educativa en Canarias caerá al 3,82% del PIB en 2027

La Plataforma por el 5% alerta de un retroceso histórico que acumulará un déficit de 790 millones de euros.

Imagen genérica de libros y monedas representando la inversión en educación.
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Imagen genérica de libros y monedas representando la inversión en educación.

El Gobierno de Canarias prevé reducir la inversión pública en educación hasta el 3,82% del PIB en 2027, alejándose del objetivo legal del 5% y acumulando un déficit de 790 millones.

La Plataforma por el 5% en educación ha denunciado que los presupuestos autonómicos para el próximo ejercicio consolidan una tendencia a la baja en la financiación del sistema educativo. Según los datos extraídos del Plan Presupuestario a Medio Plazo, la inversión pasará del 4,07% actual a un 3,82% en 2027, una cifra que la entidad califica como un retroceso sin precedentes.
El análisis de la entidad señala que, mientras el PIB regional experimenta un crecimiento, la partida destinada a la enseñanza sufre un recorte interanual del 2,23%. Esta divergencia impide alcanzar el umbral del 5% establecido por la normativa canaria, lo que, según los cálculos de la plataforma, supondrá un déficit acumulado de 790 millones de euros para el sistema público.
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"Cada año de incumplimiento del 5% condena a una generación de canarios a menor calidad educativa, mayor precariedad laboral y menos oportunidades vitales."

la Plataforma por el 5% en educación
La organización rechaza los argumentos de estabilidad presupuestaria y cumplimiento de las reglas de gasto europeas, calificándolos de excusas. Advierten que este recorte agravará problemas estructurales como el abandono escolar temprano, que afecta al 15,9% del alumnado, y la falta de recursos para la atención a la diversidad y la formación profesional.
Ante esta situación, la entidad exige al Ejecutivo regional una rectificación inmediata del plan presupuestario. Proponen un incremento mínimo de 250 millones de euros para revertir la tendencia y devolver la inversión educativa a la senda del 5%, subrayando que la educación debe ser tratada como un derecho fundamental y no como una variable de ajuste económico.