Una experta en política social ha señalado que la pobreza infantil en España es un fenómeno complejo y no se limita a colectivos específicos, sino que está ligada principalmente a la situación laboral de los hogares. Esta realidad contrasta con la percepción pública, ya que el país se sitúa entre los más afectados de la Unión Europea, junto a Rumanía y Bulgaria.

La pobreza infantil va más allá de la falta de alimentos o vestimenta, impidiendo la plena integración social de los menores, como la participación en actividades extraescolares o celebraciones. Aunque en Canarias el porcentaje de niños en riesgo de pobreza ronda el 40,2%, ha experimentado una mejora significativa en los últimos años.

A pesar de esta mejora, los datos del Istac revelan que el 50% de los hogares canarios con menores no pueden afrontar un gasto imprevisto de 900 euros, el 14,5% se retrasa en los pagos de vivienda y el 8% no puede permitirse una comida con proteínas cada dos días. Para combatir esta situación, se propone aumentar el empleo en los hogares y flexibilizar las ayudas para que sean compatibles con trabajos temporales.

Asimismo, se ha elogiado el funcionamiento de la renta canaria de ciudadanía y se ha defendido la compatibilidad de las ayudas a la vivienda con la renta ciudadana. Se ha instado a simplificar y unificar los trámites para acceder a estas ayudas, evitando la necesidad de solicitar múltiples apoyos en diferentes administraciones.

Desde una organización de protección a la infancia, se ha solicitado priorizar la salud mental en las políticas contra la pobreza infantil, dada la preocupación por su aumento en las familias. También se ha demandado la creación de itinerarios individualizados para jóvenes al alcanzar la mayoría de edad, un momento crítico para aquellos en riesgo de exclusión. Se estima que más de 91.000 menores en Canarias se ven afectados por la pobreza, con un 40% en riesgo de exclusión social.