El Ministerio de Trabajo ha intensificado el control sobre las compañías para asegurar el cumplimiento de los límites y condiciones establecidos para los periodos de prueba, tras detectar que algunas empresas los utilizaban para despedir trabajadores sin indemnización o encubrir contratos temporales.
Según los datos de la campaña del Ministerio, se han detectado irregularidades en el 75% de las inspecciones realizadas, lo que ha resultado en multas que suman 578.000 euros. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha recalcado la importancia de adherirse a esta regulación.
El Estatuto de los Trabajadores, en su artículo 14, regula el periodo de prueba con el fin de evaluar la aptitud del empleado. Las duraciones máximas establecidas son de 6 meses para técnicos titulados, 2 meses para otros trabajadores, y 3 meses para empleados en empresas de menos de 25 trabajadores.
La Inspección considera fraudulento el uso de esta herramienta para cubrir necesidades temporales o evitar las consecuencias de un despido ordinario. Las prácticas vigiladas incluyen imponer un nuevo periodo de prueba a quien ya desempeñó las mismas funciones, comunicar el no-superamiento tras finalizar el plazo legal, o contratar indefinidos por pocas semanas para despedirlos antes de concluir la prueba.
Estas actuaciones pueden ser calificadas como infracciones graves según la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS). El fraude se concentra en sectores con alta rotación de personal como hostelería, turismo, comercio, servicios generales y centros de atención telefónica.
Las cifras de la Seguridad Social muestran un aumento significativo: las bajas de trabajadores indefinidos por no superar el periodo de prueba pasaron de 16.300 en enero de 2019 a 52.400 en enero de 2026. Este incremento justifica el refuerzo de las inspecciones, que pueden acarrear sanciones económicas y la revisión de extinciones de contrato si se demuestra el uso fraudulento.
