Durante un debate en la Comisión General de Cabildos Insulares en el Parlamento de Canarias, un representante de la Viceconsejería de Hacienda explicó que el decreto es necesario porque las medidas estatales no se aplican directamente en las islas y afectan la financiación autonómica. Sin embargo, se ha recordado que el Gobierno central ya acordó con Canarias una aportación de 15 millones de euros, con posibilidad de ampliación a 60 millones si el conflicto se prolonga.
Las medidas fiscales aprobadas incluyen el aumento del umbral de exención del IGIC para autónomos y pymes de 30.000 a 50.000 euros, la reducción del IGIC al 0% en productos energéticos y en tres productos básicos (sal, mantequilla y café), y el incremento de la devolución del impuesto sobre combustibles para transportistas del 67% al 99%.
En cuanto a las ayudas directas, se destinarán 3,6 millones de euros para compensar a la industria canaria y otros 3,6 millones para agricultores, ganaderos y pescadores, afectados por el aumento de costes. No obstante, la oposición parlamentaria ha criticado la ausencia de medidas específicas para las familias más vulnerables.
“"El Gobierno regional debe hacer más esfuerzo para proteger a familias y empresas, dado que la situación económica es excepcional y Canarias es muy vulnerable ante las crisis internacionales."
Otros representantes insulares han expresado opiniones diversas. Un consejero del Cabildo de Fuerteventura ha calificado el decreto de “necesario” y ha destacado su apoyo al sector primario, solicitando al Estado la suspensión de las reglas de gasto. Un vicepresidente del Cabildo de La Gomera ha reconocido la complejidad de la situación y la necesidad de agilidad, abriendo la puerta a futuras revisiones del decreto.
Por su parte, una consejera del Cabildo de La Palma ha valorado la “responsabilidad” del Gobierno canario, pero ha insistido en que la doble insularidad y el alto coste del transporte son un lastre, especialmente para el sector primario. También ha solicitado la exención de las reglas fiscales para La Palma debido a los efectos de la erupción volcánica. Finalmente, un vicepresidente del Cabildo de Tenerife ha subrayado la necesidad de flexibilizar las reglas fiscales estatales y ha pedido al Ejecutivo regional que se reúna con las corporaciones insulares para evaluar la evolución del conflicto y sus impactos.
