Las corporaciones insulares han expresado su inquietud ante la potencial reducción de la recaudación del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC), que podría afectar significativamente sus presupuestos. Según estimaciones de la Viceconsejería de Hacienda, esta merma podría alcanzar el 0,6% hasta el 30 de junio y el 1,4% si las medidas se extienden durante todo el año.
La preocupación es considerable, ya que el 42% de lo recaudado por este impuesto corresponde a los cabildos. Representantes de La Gomera y Tenerife han solicitado reuniones sectoriales con el Ejecutivo autonómico para monitorear la crisis y abordar posibles problemas de desabastecimiento de queroseno, vital para la economía del archipiélago.
“"El decreto moviliza unos 29,5 millones de euros hasta junio, cifra que superaría los 61 millones si se prorrogara durante todo el año."
Entre las medidas destacadas del decreto se incluyen la reducción al 0% del IGIC en combustibles, tipo cero para alimentos básicos como la sal, la mantequilla y el café, la ampliación del límite de exención para autónomos y pymes, el aumento de la devolución del impuesto sobre combustibles a transportistas y ayudas directas por 7,2 millones para la industria y el sector primario.
Además de la preocupación por los ingresos, los cabildos presentes en la reunión, incluyendo El Hierro y La Palma, han demandado la flexibilización de la regla de gasto. Esta medida les permitiría disponer de un mayor margen financiero, estimado en hasta 1650 millones adicionales, para afrontar una crisis que impacta con especial dureza en Canarias debido a su lejanía, fragmentación territorial y dependencia exterior.
La vicepresidenta de El Hierro calificó el decreto de insuficiente, reclamando un plan anticrisis más robusto, mientras que la representante de La Palma pidió sensibilidad territorial, considerando el impacto de la doble insularidad y la situación de reconstrucción tras el volcán Tajogaite.
En el ámbito parlamentario, los grupos han sugerido revisar el decreto tras el 30 de junio y han insistido en que se tramite como proyecto de ley para incorporar medidas de "escudo social" adicionales. Sin embargo, esta posibilidad no es contemplada actualmente por el Gobierno ni por los grupos que lo apoyan.
