Durante su discurso de toma de posesión, celebrado en el antiguo Palacio de Justicia de Las Palmas de Gran Canaria ante la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, Serrano-Jover enfatizó la urgencia de potenciar los medios especializados para asistir a las víctimas de violencia machista y asegurar una respuesta judicial equitativa en todo el archipiélago.
En esta línea, el fiscal superior impulsará la creación de una tercera Unidad de Violencia sobre la Mujer en Tenerife, buscando que ninguna residente reciba una atención de menor calidad por su isla de procedencia. Además, abogó por establecer en Tenerife un órgano judicial específico para la violencia contra la infancia y la adolescencia, replicando el modelo de Las Palmas de Gran Canaria, con el fin de prevenir la "revictimización" de los menores y garantizar un trato "especializado, integral y humano".
Serrano-Jover también resaltó la importancia de las Oficinas de Atención a las Víctimas, defendiendo su implantación en todas las jurisdicciones canarias para ofrecer asistencia jurídica, psicológica y social inmediata a quienes han sufrido un delito.
“"La protección de los menores migrantes no acompañados constituye una “prioridad absoluta”."
Respecto a la crisis migratoria, el fiscal superior subrayó que la protección de los menores migrantes no acompañados es una "prioridad absoluta", instando a fortalecer los recursos de la Fiscalía y la colaboración con las administraciones y entidades implicadas. Señaló que la realidad de Canarias como puerta de entrada de migrantes a Europa no es solo un desafío logístico, sino una cuestión de derechos fundamentales.
Considera que la llegada masiva de personas en extrema vulnerabilidad, incluyendo un número significativo de menores, requiere una respuesta coordinada, eficiente y "profundamente humana" del Ministerio Fiscal. Destacó que la Fiscalía canaria es un "referente reconocido" en la gestión de esta crisis, y para mantenerlo, se reforzarán los fiscales y personal, se fortalecerá la coordinación con Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, la Policía autonómica, la Dirección General de Protección de la Infancia, institutos de Medicina Legal, colegios de abogados, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados y ONG.
La Fiscalía Superior asumirá "de manera irrenunciable" compromisos como garantizar procedimientos médico-legales para la determinación de la edad biológica, supervisar las condiciones de acogida, asegurar la documentación y atención de los menores, y prevenir la vulneración de derechos fundamentales en los procesos de derivación a la Península.
Finalmente, Serrano-Jover reivindicó el trabajo de fiscales y funcionarios en Canarias a pesar de las dificultades por la dispersión territorial, la carga de trabajo y las limitaciones materiales. Uno de sus objetivos será mejorar la coordinación entre las fiscalías de las islas para una actuación homogénea y eficaz, e impulsar la modernización tecnológica con el expediente judicial electrónico y nuevas herramientas de gestión.
