Esta medida, contemplada en la disposición adicional sexagésima primera de la Ley del IRPF, tiene como objetivo principal reducir la presión fiscal sobre los salarios más modestos en España. La deducción se aplica directamente sobre la cuota líquida del impuesto, lo que se traduce en un ahorro significativo para los beneficiarios.
Sin embargo, no todos los trabajadores pueden acceder a este beneficio, ya que la Agencia Tributaria ha establecido límites de renta específicos. Para ser elegible, los rendimientos íntegros del trabajo deben ser inferiores a 18.276 euros anuales, y no se pueden tener otras rentas (como alquileres, intereses bancarios o ganancias patrimoniales) que superen los 6.500 euros anuales, excluyendo las rentas exentas.
El importe de la deducción varía según el nivel de ingresos. Aquellos con rentas inferiores a 16.576 euros recibirán la deducción máxima de 340 euros anuales. Para ingresos entre 16.576 y 18.276 euros, el importe de 340 euros se reduce progresivamente mediante una fórmula matemática específica.
“"Es importante destacar que esta ayuda tiene un tope: el importe de la deducción no puede exceder la parte de la cuota (estatal y autonómica) que corresponda proporcionalmente a esos rendimientos del trabajo."
En el caso particular de Canarias, es fundamental que los contribuyentes revisen también otras deducciones autonómicas, como las relacionadas con el alquiler de vivienda habitual, gastos médicos o aquellas destinadas a mitigar el impacto del alza de precios, que tradicionalmente contribuyen a aliviar la presión fiscal en las Islas.
