Ante el inminente proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes en España, impulsado por el Gobierno de Pedro Sánchez, las entidades sociales y ONG en el archipiélago se están preparando para desempeñar un papel crucial en la gestión de las solicitudes. El objetivo principal es proporcionar el “músculo de gestión” necesario para evitar la saturación de un sistema que deberá atender entre 30.000 y 45.000 peticiones en las Islas Canarias antes del 30 de junio, una cifra significativamente superior a las 7.825 del año anterior.

La contribución de estas organizaciones no solo busca aliviar la carga de la administración, sino también prevenir los abusos económicos en el cobro por la tramitación de documentos a los inmigrantes. Marcela Máspero, presidenta de la Asociación Social Solidaridad Venezuela, ha denunciado una situación de explotación y desinformación, señalando a intermediarios que se aprovechan de la vulnerabilidad de los migrantes, llegando a cobrar entre 500 y 600 euros por una “plaza” en el proceso de regularización, incluso antes de la publicación oficial del decreto en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Para combatir estos abusos, la asociación de Máspero ya se ha registrado oficialmente como entidad colaboradora. Esta acreditación les permite actuar como un registro auxiliar, preparando y enviando expedientes directamente a la plataforma de Extranjería, ofreciendo así una vía segura y gratuita para los migrantes. Este proceso coincide con la supresión, también el 30 de junio, del mecanismo excepcional de residencia por razones humanitarias para ciudadanos venezolanos, vigente desde 2018 y que ha beneficiado a unas 240.000 personas en España. En Canarias, más de 8.000 expedientes por esta vía aún están pendientes.

La base jurídica para esta colaboración de ONG y sindicatos se encuentra en la Orden del 2 de marzo de este año, publicada en el BOE, que regula el Registro Electrónico de Colaboradores de Extranjería. Esta normativa permite que entidades sin ánimo de lucro, con al menos tres años de antigüedad y dos de experiencia en asistencia a migrantes, se inscriban para representar legalmente en la presentación de trámites. Juan Carlos Lorenzo, coordinador de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) en Canarias, destaca que entidades como CEAR ya se han registrado para informar, asesorar y tramitar formalmente las solicitudes.

La figura del “colaborador” es esencial, según Lorenzo, ya que asegura que la documentación llegue a la administración de forma “filtrada” y “afinada”, con todos los requisitos técnicos ya verificados por expertos. Esto reduce significativamente los errores que causan retrasos administrativos. Anteriormente, las asociaciones solo ofrecían asesoramiento y acompañamiento, pero ahora, bajo este nuevo marco legal, pueden realizar la tramitación electrónica formal en nombre del migrante. La inscripción en este registro tiene una validez inicial de cuatro años y exige que las entidades mantengan un censo actualizado de su personal habilitado y cuenten con un seguro de responsabilidad civil.

Además de las entidades colaboradoras, el Gobierno ha indicado que se habilitarán las oficinas de la Seguridad Social y de Correos para aliviar la carga de Extranjería, aunque la regulación al respecto aún está pendiente. El factor tiempo es una preocupación clave para las entidades sociales en Canarias, ya que el plazo inicial para el proceso era del 1 de abril al 30 de junio, y aún se espera la aprobación del texto definitivo del Real Decreto que regule los detalles finales, prevista para el Consejo de Ministros del 21 de abril. El borrador contempla un cronograma de 15 días para la verificación inicial y una resolución definitiva en tres meses, otorgando un permiso de residencia y trabajo de un año.