Poli Suárez, consejero de Educación del Gobierno canario, ha hecho un llamamiento a la "responsabilidad" y "madurez política" a todos los grupos parlamentarios para consensuar la próxima ley que abordará la atención a la diversidad y el bienestar del alumnado en el ámbito educativo no universitario. El departamento autonómico se encuentra en fase de elaboración de esta normativa.
El consejero garantizó que se escucharán "todas las aportaciones", tanto de las familias con niños y niñas con necesidades especiales como las de los diferentes grupos políticos con representación en el Parlamento. Suárez compareció ante la Comisión de Discapacidad del Parlamento de Canarias, a petición de los siete grupos parlamentarios, instando a no "hacer política" con el alumnado con necesidades especiales y ofreciendo "la mano" a las propuestas de todos los grupos, independientemente de su apoyo al Gobierno.
“"Vamos a escuchar todas las aportaciones"
Actualmente, el sistema educativo canario atiende a aproximadamente 5.000 estudiantes con necesidades educativas especiales. El anteproyecto de ley busca reordenar el modelo de atención a la diversidad, promoviendo un enfoque más inclusivo. Se prevén cambios en la concepción de las aulas enclave, integrándolas más dentro del centro educativo ordinario en lugar de ser una modalidad de escolarización paralela, una de las principales quejas de las familias.
Según explicó Suárez, el alumnado permanecerá escolarizado en su grupo de referencia y acudirá al aula enclave de forma puntual para trabajar aspectos específicos. El consejero también destacó los avances en atención a la diversidad y discapacidad en los últimos tres años, calificando el modelo actual como "más inclusivo, más accesible y más equitativo", con un incremento de recursos humanos, refuerzo de la estructura de orientación y ampliación de programas específicos.
Suárez enfatizó que la inclusión educativa requiere una estrategia estructural estable, no "acciones aisladas o parches". Señaló un aumento significativo del personal de apoyo no docente, que ha pasado de 940 a 1.902 profesionales, incluyendo auxiliares educativos, personal cuidador, fisioterapeutas y especialistas sanitarios. Además, se ha incrementado la inversión en personal docente especializado en unos 42 millones de euros y se han reforzado los equipos de orientación educativa y psicopedagógica.
El consejero aseguró que los recursos se han distribuido equitativamente en todas las islas para mitigar las desigualdades derivadas de la insularidad. Reconoció demoras en los procesos de valoración del alumnado con necesidades específicas, pero afirmó que se han implementado medidas para agilizar dichos procedimientos. A pesar de las mejoras sustanciales, Suárez admitió que Canarias aún se encuentra por debajo de la media estatal en algunos indicadores de inclusión, considerando la evolución como "insuficiente".
