Este nuevo texto busca superar la fragmentación actual, que se deriva de la coexistencia de la Ley 6/1997 de Coordinación de Policías Locales y la Ley 2/2008 del Cuerpo General de la Policía Canaria. Ambas normativas abordan solo parcialmente el modelo policial canario, generando asimetrías entre los diferentes cuerpos.
El borrador propone un régimen estatutario común para el acceso, escalas, formación, derechos, deberes, segunda actividad y régimen disciplinario. Este régimen será aplicable tanto a la Policía Autonómica Canaria como a los cuerpos de Policía Local Canaria, eliminando las diferencias existentes entre ambos colectivos.
Además, se unificarán las escalas y empleos de ambos cuerpos (Superior, Técnica, Ejecutiva, Básica y Facultativa) y se establecerá una identidad corporativa común. Esto incluye el cambio de denominación a Policía Autonómica Canaria y Policía Local Canaria, con el fin de consolidar la imagen institucional del sistema policial en las islas.
La Comisión de Coordinación de Policías Locales también ha aprobado una propuesta para homogeneizar los símbolos y la uniformidad de las Policías Locales de Canarias. Esta medida busca reforzar el concepto integrado de Policía Canaria, dotándola de una imagen visual coherente y reconocible en todo el territorio.
“"Agradezco a la FECAM, las organizaciones sindicales más representativas y los jefes y jefas de los Cuerpos de Policía que hayan primado el objetivo de contar con una nueva Ley de Policías de Canarias, aunque hayan tenido que hacer renuncias para alcanzar el acuerdo."
El texto consensuado también refuerza la ordenación general y la coordinación supramunicipal mediante la creación del Consejo de Policía Canaria y una nueva regulación de la Comisión de Ordenación y Coordinación de los Cuerpos de Policía Local Canaria. Estos órganos colegiados, de carácter consultivo y asesor, integrarán a representantes de las policías y sindicatos, así como a miembros del Gobierno de Canarias y la Federación Canaria de Municipios.
El borrador será remitido a los Servicios Jurídicos del Gobierno para iniciar su tramitación como proyecto de ley.
