La comisión bilateral sobre migración entre Canarias y el Estado, inicialmente prevista para este miércoles, se ha pospuesto al próximo 7 de septiembre. El aplazamiento se debe al viaje de la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, a Ceuta para supervisar la situación actual en la ciudad autónoma.
No obstante, la Conferencia Sectorial de Infancia sigue en pie para este jueves. En ella se discutirá un crédito extraordinario de 25 millones de euros destinado a la atención de menores migrantes en Ceuta. Canarias, junto a otras ocho regiones, participará y reiterará la necesidad de designar un representante para los menores migrantes durante la fase de triaje, una novedad clave del Pacto Europeo de Migración y Asilo.
Este encuentro bilateral surge tras el intento fallido de la Conferencia Sectorial de Inmigración en julio, suspendida por falta de quórum debido a la ausencia de las regiones del PP, quienes acusaron al Gobierno de España de "deslealtad institucional" y "política migratoria opaca e irresponsable".
La reunión de septiembre analizará el informe estatal sobre la implementación del Pacto Europeo de Migración y Asilo y presentará información sobre las cumbres europeas relacionadas con dicho pacto. Uno de los puntos de fricción entre el Gobierno regional y el central es la designación del representante que debe asistir a los menores migrantes no acompañados en la primera fase de su llegada, una competencia cuya aclaración se ha solicitado formalmente al Gobierno de España.
El Ejecutivo regional sostiene que esta responsabilidad recae en el Estado, dado que el triaje ocurre "todavía bajo competencias estatales", previo a la tutela autonómica. Por su parte, la Delegación del Gobierno en Canarias argumenta que la figura presente en esa fase no puede ser la fuerza policial, sugiriendo que la competencia es autonómica.
Además de esta cuestión, la reunión abordará un análisis de la situación migratoria actual y la planificación de futuras llegadas irregulares por vía marítima, aérea y terrestre, según fuentes de la Consejería de Bienestar Social. También se evaluará el funcionamiento de la nueva regulación de extranjería y su impacto económico en el archipiélago.
Otro tema pendiente en la agenda es el debate del nuevo Plan de Integración y Ciudadanía, dotado inicialmente con 500 millones de euros, que incluye 16 medidas para mejorar la integración, el trabajo digno y los derechos de las personas migrantes en España.
