La misiva critica la ausencia de un proceso previo, real y efectivo de diálogo, coordinación y planificación con las comunidades autónomas por parte del Gobierno central. El nuevo marco europeo, en vigor desde el 12 de junio, establece reglas comunes para la gestión migratoria, el asilo y el control fronterizo, pero las regiones consideran que su participación es fundamental para la aplicación, seguimiento y evaluación de estas medidas.
Clavijo y Pradales aclaran que no buscan generar una controversia interna española, sino advertir sobre una carencia de gobernanza multinivel que podría afectar la calidad democrática, la eficacia operativa y la protección de los derechos fundamentales.
El eje de la reclamación se centra en la falta de participación autonómica en la planificación del nuevo sistema. Argumentan que la Administración General del Estado no puede diseñar la aplicación del Pacto de forma exclusiva, dado que sus consecuencias impactan directamente en comunidades autónomas, cabildos, diputaciones, ayuntamientos y servicios públicos territoriales.
En el caso de Canarias, la gestión migratoria tiene un impacto directo por su condición de frontera sur europea, recibiendo llegadas marítimas y manteniendo una presión sostenida sobre sus recursos de acogida, especialmente en lo referente a menores migrantes no acompañados. Euskadi, por su parte, ha defendido la necesidad de incorporar la perspectiva territorial y social en las políticas de acogida e integración.
Los presidentes reclaman un papel reconocido para las comunidades autónomas en la puesta en marcha del Pacto, solicitando que la coordinación institucional sea previa, efectiva y estable, y no se limite a comunicaciones puntuales o decisiones ya adoptadas. Advierten que una aplicación sin participación territorial podría generar desajustes en la atención, distribución de recursos y protección de las personas migrantes o solicitantes de asilo.
Subrayan que las consecuencias del Pacto van más allá de los controles fronterizos o los procedimientos de asilo, alcanzando ámbitos como servicios sociales, atención a menores, sanidad, educación, vivienda, inserción sociolaboral y convivencia en los territorios de acogida.
El Gobierno de Canarias ya había defendido, junto al Ejecutivo vasco, que el Pacto debe considerar la realidad de los territorios frontera y las comunidades con mayores responsabilidades de acogida. Insisten en que su posición geográfica exige medidas específicas, recursos adecuados y coordinación real con el Estado y las instituciones comunitarias.
La reclamación, que llega tras la entrada en vigor del nuevo marco europeo, sitúa el debate en la relación entre Estado, comunidades autónomas y Unión Europea. Ambos ejecutivos piden participar no solo en la fase inicial, sino también en el seguimiento y evaluación del Pacto para detectar problemas y adaptar la respuesta pública a la realidad territorial.
