Tenerife dispone de 415 plazas residenciales de salud mental, Gran Canaria cuenta con 422, y La Palma con 45. Sin embargo, La Gomera y El Hierro no tienen ninguna plaza propia. Un análisis por cada 100.000 habitantes, realizado por Atlántico Hoy, desmiente que esta diferencia se deba únicamente al tamaño poblacional, ya que La Palma, con menos habitantes que las islas capitalinas, presenta proporcionalmente más recursos.
Estos datos, extraídos del informe presentado el 30 de enero en el Parlamento de Canarias por la ADSPC e Intersindical Canaria, provienen de cifras del Portal de Transparencia del SCS y del ISTAC. La premisa es clara: dos islas carecen de recursos para ingresos o viviendas tuteladas para personas con trastorno mental grave.
Se estima que una de cada cinco personas en Canarias convive con algún trastorno mental, según el informe de la ADSPC. La falta de plazas residenciales o viviendas tuteladas obliga a que la alternativa recaiga en las familias o derive en exclusión social, que alcanza el 43,3% entre personas con diagnóstico de trastorno mental grave en Canarias (datos de 2025).
La red de salud mental se ve afectada por el fenómeno de la 'puerta giratoria', donde pacientes reingresan repetidamente en unidades de agudos al no tener dónde continuar su recuperación tras el alta. Estas residencias, aunque no curan, proporcionan el sostén y la estructura necesarios para la recuperación.
Tenerife concentra la mayor infraestructura, junto a unidades de referencia en el Hospital Universitario de Canarias. La Palma ha incorporado recientemente un Centro de Día de 30 plazas y una Unidad de Noche de 12 plazas en San Andrés y Sauces, financiados con 1,5 millones de euros.
La Gomera y El Hierro han abierto en 2026 unidades específicas para adicciones, pero siguen sin plazas residenciales ni viviendas supervisadas para trastorno mental grave. Un proyecto de edificio de salud mental anexo al Hospital Nuestra Señora de los Reyes de El Hierro se encuentra aún en fase de estudio.
En 2019, el Defensor del Pueblo recomendó a la Consejería de Sanidad diseñar un protocolo específico para el traslado interinsular de pacientes de salud mental, recomendación que fue aceptada. Sin embargo, una revisión de la normativa actual no localiza dicho protocolo, solo un marco general anterior a la recomendación.
El gasto en dietas de desplazamiento entre islas aumentó un 41,18% en 2026, según la consejera, lo que sugiere la continuidad del problema de fondo.
