El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Valverde ha encontrado indicios de criminalidad en la actuación de un empresario herreño, acordando transformar las diligencias previas en procedimiento abreviado. La acusación se centra en la difusión de datos médicos pertenecientes a la consejera de Turismo del Cabildo de El Hierro, María del Mar Suárez Armas, sin contar con su autorización.
Según detalla el auto judicial, la consejera había aportado un informe médico en un procedimiento previo relacionado con una solicitud de conciliación por presuntas injurias y calumnias. El investigado, tras recibir copia de esta documentación, la incorporó a una solicitud presentada ante el Cabildo de El Hierro reclamando la dimisión de la consejera.
El juzgado sostiene que el empresario, en lugar de usar la documentación para su defensa, la presentó ante la administración insular, exponiendo así datos médicos sobre las patologías de la denunciante. Esta acción habría causado un "enorme perjuicio personal y laboral", dado que la información médica no era conocida en su entorno profesional.
Durante la investigación, testigos confirmaron que el informe médico se integró en un expediente administrativo accesible para varios empleados públicos del Cabildo. El auto señala que el investigado tuvo acceso a "datos especialmente sensibles relativos a su estado de salud" y los comunicó sin consentimiento, acompañándolos de manifestaciones sobre la capacidad de la perjudicada para ejercer sus funciones.
La investigación tecnológica también ha reforzado la vinculación del empresario con la remisión de la documentación, al acreditarse que la solicitud se envió desde una dirección IP asociada a él. El magistrado concluye que existen indicios racionales de que el empresario "obtuvo conocimiento de datos especialmente protegidos relativos a la salud" y los "comunicó o difundió a terceros sin autorización", provocando el acceso de diversas personas a información reservada.
Por estos hechos, el juez ha acordado continuar la tramitación por un presunto delito de revelación de secretos, tipificado en el artículo 197 del Código Penal. La resolución judicial aún no es firme y puede ser recurrida.
