Este es el primer expediente masivo de expulsión de inmigrantes en Canarias desde la entrada en vigor del Pacto Europeo de Migración y Asilo el pasado 12 de junio, que busca endurecer las condiciones y acelerar los procesos de devolución.
La decisión ha generado expectación entre abogados y oenegés, que siguen de cerca si la medida se ampara en la nueva normativa comunitaria o en la legislación española.
Los autos judiciales, firmados por los magistrados Antonio Mazuecos y Antonio Doreste, mencionan el Pacto Europeo como "marco directamente aplicable", pero la fundamentación principal reside en la Ley de Extranjería española. La Policía solicitó el internamiento, la Fiscalía lo apoyó y el juez lo consideró "plenamente justificado".
Expertos consultados por Efe señalan que la novedad radica en la petición policial de internamiento para expulsión, algo poco común debido a las dificultades para el retorno de nacionales. Según Eurostat, España solo logró expulsar a 5.705 personas en 2025, mientras que a Canarias llegaron 17.788 en pateras y cayucos el año pasado.
Fuentes de la Fiscalía confirman que la clave es la confianza policial en que Senegal aceptará el retorno forzoso de estas 82 personas, lo cual influye en la valoración de proporcionalidad del Juzgado para autorizar un internamiento de hasta 60 días.
El auto también autoriza que las 82 personas permanezcan en el Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) de San Andrés, en El Hierro, hasta su traslado a un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE). Abogados cuestionan la legalidad de retener a personas en un CATE más allá de las 72 horas iniciales de identificación.
Del total de 87 personas tramitadas por el juzgado, cinco fueron derivadas al circuito de acogida tras acreditar ser menores de edad mediante prueba médica en el hospital de Valverde.
