El litigio se centra en la validez de los nombramientos de tres comisarios de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria, después de que el Tribunal Supremo anulara en 2023 el proceso selectivo que los designó. La Sección de lo Contencioso-Administrativo de la Plaza número 5 deberá pronunciarse sobre la petición de revisión de oficio presentada por Isidro Armas, jefe de la Policía Local de San Bartolomé de Tirajana.
La anulación del proceso por parte del Alto Tribunal se debió a que las tres plazas de comisario no fueron incluidas en la oferta de empleo público del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. A pesar de esta sentencia, el consistorio decidió anular únicamente las bases del procedimiento selectivo de 2014, pero mantuvo los nombramientos realizados en 2015, argumentando que los comisarios actuaron de buena fe.
Los comisarios afectados son Carmen Delia Martín Mederos, actual jefa de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria; Rosa Rodríguez, directora general de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento; y José Luis de los Reyes, comisario del Cuerpo General de la Policía Canaria. En el momento de su selección, ocupaban los cargos de subcomisaria de Tráfico, subcomisaria de Distritos y Playas, y subcomisario de la Unidad Especial-GOIA y Transmisiones, respectivamente.
Isidro Armas, quien fue excluido del proceso selectivo en 2013, presentó a finales de marzo de 2024 una solicitud de revisión de oficio. Considera que el mantenimiento de los nombramientos es nulo de pleno derecho y que el Ayuntamiento carecía de competencia para tomar tal decisión, la cual, a su juicio, solo podía ser adoptada por la autoridad judicial. Ante la falta de respuesta municipal, Armas ha recurrido a la justicia para que declare la desestimación por silencio administrativo como no conforme a derecho.
“"La administración no solo no era competente para conservar el proceso selectivo y, con ello, los nombramientos adoptados, sino que debió asumir los efectos de su expulsión sobrevenida del ordenamiento jurídico, proceder a acordar el cese de los empleados públicos afectados y dejar que, en caso de disconformidad, fueran estos quienes plantearan a la autoridad judicial su conservación."
La clave del asunto radica en que la sentencia del Tribunal Supremo no se pronunció sobre los efectos de la anulación de las bases en los nombramientos posteriores. El Ayuntamiento interpretó que, al haber superado los aspirantes la promoción interna con criterios de seguridad, buena fe y equidad, su derecho a promocionar a las plazas de comisario debía ser respetado.
