Representantes del Gobierno de Canarias y del Estado se encuentran en Santa Cruz de Tenerife para una reunión crucial. Por parte del Estado, asisten Myriam Álvarez, secretaria general de Coordinación Territorial; Rafael Briet, director general de Cooperación Autonómica; y Gonzalo Díaz, director general de Régimen Jurídico Autonómico. La delegación canaria está compuesta por Nieves Lady Barreto, consejera de Presidencia; Alfonso Cabello, viceconsejero de Presidencia; y Ceferino Marrero, secretario general. El objetivo es avanzar en el desbloqueo de asuntos clave para el autogobierno insular.
Los temas principales de la agenda incluyen la cogestión de los aeropuertos del Archipiélago, el control de los incentivos fiscales del Régimen Económico y Fiscal (REF) y la extensión de los plazos para la ejecución de proyectos vinculados al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (fondos MRR), especialmente los destinados a la Consejería de Transición Ecológica. El Gobierno de Canarias busca una negociación sustantiva, mientras que el Estado, aunque dispuesto a dialogar, ha manifestado reservas sobre el alcance de algunas demandas.
“"El Estado no nos deja hacer nada."
Un punto central de la discusión es el bloqueo de 2.800 millones de euros por parte del Estado, una cifra que representa una quinta parte del presupuesto autonómico para 2026. Esta cantidad incluye la capacidad de endeudamiento de Canarias, que podría alcanzar los 1.600 millones sin superar el objetivo de deuda del 13% del PIB (actualmente en 10,8%), y 1.200 millones correspondientes a las entregas a cuenta para 2026 que la Hacienda estatal aún no ha remitido.
La cogestión aeroportuaria es otra reivindicación fundamental, dada la dependencia de Canarias de la conectividad aérea y su limitada participación en las decisiones de Aena. El Gobierno canario argumenta que el Estatuto de Autonomía ampara esta demanda, buscando desarrollar un marco competencial ya reconocido sin romper el modelo estatal. El ministro Ángel Víctor Torres ha sugerido la creación de un órgano bilateral, pero sin conceder la cogestión plena.
Asimismo, el Ejecutivo de Fernando Clavijo aspira a un mayor control sobre los incentivos fiscales del REF, considerado el fuero del autogobierno canario. Se busca una participación más directa en la gestión y supervisión de estos incentivos. Finalmente, Canarias solicita una prórroga para los fondos MRR, argumentando su condición de región ultraperiférica, los sobrecostes de la insularidad y la complejidad administrativa que ralentizan la ejecución de proyectos energéticos.
En paralelo, el Observatorio de la Movilidad Aérea y Espacial de Canarias, impulsado por la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Gran Canaria, ha instado al Gobierno de Canarias a recurrir a los tribunales para exigir la gestión aeroportuaria y contrarrestar lo que considera un abuso de posición dominante de Aena. Esta iniciativa subraya la necesidad de una política de conectividad aérea propia para el Archipiélago.
