Esta medida de urgencia busca evitar la paralización de las obras de retirada de este material tóxico en el archipiélago. La decisión surge después de que un macrovertedero andaluz, principal destino del amianto canario, cerrara sus puertas debido a la transposición de una directiva europea que exige a cada territorio gestionar sus propios residuos.
La situación amenazaba con detener la actividad de las cuatro empresas encargadas de la recogida de amianto en las islas, lo que habría impactado negativamente en el sector de la construcción y en proyectos de descarbonización, como la instalación de placas fotovoltaicas. Una vía alternativa, aunque limitada, se ha abierto con una planta de tratamiento en la provincia de Toledo, que admite volúmenes significativamente menores.
“"El problema es que los envíos masivos que aceptaba y la cercanía que ofrece la más meridional de las regiones no tienen rival."
La dirección general de Calidad Ambiental ha instado a los empresarios a buscar otros vertederos fuera de Andalucía y ha manifestado su disposición a estudiar posibles ayudas al transporte para mitigar los sobrecostes. Se estima que existen alrededor de nueve plantas capacitadas para el tratamiento de estos residuos en la península.
El amianto, peligroso al romperse y liberar fibras que pueden causar cáncer, es inofensivo mientras permanece intacto o encapsulado. La solución definitiva a largo plazo implica la creación de un inventario exhaustivo de amianto en las islas, tarea que recae en los ayuntamientos, y la identificación de ubicaciones para una planta de tratamiento local. Actualmente, se exploran tecnologías como la vitrificación, aunque aún no están maduras para su comercialización.
