La movilización, convocada por los sindicatos USCA y CCOO, afecta directamente a las operaciones en los aeropuertos de Lanzarote (César Manrique), Fuerteventura, La Palma, El Hierro y La Gomera. Este conflicto se enmarca en una protesta nacional que abarca un total de 14 instalaciones en todo el país.

Los trabajadores denuncian un “problema estructural” caracterizado por la sobrecarga laboral, la falta de reemplazo de bajas y cambios de turno con escaso margen. Estos factores, según los sindicatos, comprometen la seguridad aérea debido a la fatiga y el estrés de la plantilla.

Ante esta situación, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha establecido servicios mínimos para asegurar la movilidad esencial. Estos incluyen el 100% para vuelos de emergencia y de Estado, entre el 66% y el 83% para vuelos domésticos hacia territorios no peninsulares como Canarias y Baleares, y porcentajes menores para vuelos internacionales y peninsulares.

Organizaciones de consumidores como Facua y la OCU han recordado a los pasajeros afectados sus derechos, amparados por el Reglamento Europeo 261/2004. Los viajeros tienen derecho a información, transporte alternativo o reembolso íntegro del billete en un plazo de siete días.

Además, en caso de cancelación o retraso prolongado, las aerolíneas están obligadas a proporcionar asistencia gratuita, incluyendo comida, refrescos, alojamiento si es necesario pernoctar y transporte entre el aeropuerto y el lugar de hospedaje. La OCU también señala que los afectados pueden reclamar compensaciones económicas que oscilan entre los 250 y los 600 euros, dependiendo de la distancia del vuelo y las alternativas ofrecidas.

A pesar de las reuniones previas entre sindicatos y la empresa para intentar desconvocar la acción, la falta de acuerdo sobre las plantillas y los cuadrantes de descanso ha mantenido la convocatoria indefinida, sumándose a la presión operativa en otros puntos del país.