La expansión del Cuerpo General de la Policía Canaria a las islas no capitalinas, inicialmente prevista para este año, enfrenta serios obstáculos. La intención del Ejecutivo era iniciar el despliegue en Lanzarote y La Gomera, con planes para Fuerteventura y La Palma, pero diversos contratiempos han ralentizado el proceso.
Uno de los principales desafíos es de índole logística. La habilitación de las sedes en estas islas depende de la colaboración entre la Dirección General de Seguridad, los ayuntamientos y los cabildos insulares, quienes deben ceder y adecuar las instalaciones para convertirlas en comisarías. Por ejemplo, en Lanzarote se ubicará en Arrecife, en Fuerteventura en Pájara, y en La Gomera se ha alcanzado un acuerdo con el Cabildo. En La Palma, la comisaría se proyectaba en Los Llanos de Aridane.
El Ejecutivo había previsto que los 141 efectivos de las últimas oposiciones se incorporaran este año para ser desplegados. Sin embargo, estos opositores aún no han finalizado sus prácticas en la academia, un proceso que se extenderá al menos hasta el verano. A esto se suman las denuncias presentadas por varios centenares de opositores ante la Fiscalía por presuntas irregularidades en el proceso selectivo.
No se han respetado las bases del concurso y se han manipulado para beneficiar a terceros.
Representantes sindicales del cuerpo han advertido que una decisión judicial desfavorable podría paralizar la toma de posesión de los nuevos agentes, demorando aún más el despliegue. Las denuncias, que incluyen presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias, han llegado incluso al Parlamento. El Ejecutivo autonómico ha confirmado que se personará en el procedimiento si un juzgado abre una causa penal.
Mientras tanto, la Policía Autonómica ha asumido la competencia del traslado de menores con medidas judiciales entre las islas, una tarea que antes realizaban las fuerzas de seguridad del Estado. Esta nueva responsabilidad, surgida tras un enfrentamiento político entre la Delegación del Gobierno y la Dirección General de Seguridad, implica destinar efectivos a esta misión, lo que, según la representación sindical, dificulta un despliegue adecuado en las islas no capitalinas sin un incremento real de personal.
El presidente del Gobierno, Fernando Clavijo, afirmó en el debate del estado de la nacionalidad en marzo que el Cuerpo General de la Policía Canaria contará con 600 efectivos y destacamentos en todas las islas no capitalinas al final de la legislatura. Este objetivo, que cuadruplicaría la cifra inicial de 150 efectivos, busca cumplir un compromiso adquirido en 2023, con la expectativa de ver los primeros despliegues en el año electoral de 2027.
